04 Noviembre de 2015 04:15
Con el polémico fallo de dos jueces subrogantes afines al oficialismo, el kirchnerismo removió a un juez de la Cámara de Casación que se oponía al acuerdo con Irán. Era el único magistrado que iba a pronunciarse en contra el pacto que intentó firmarse en 2013, y que buscaba profundizar la investigación del atentado a la AMIA.
Con el apartamiento del juez Juan Carlos Gemignani, un camarista que se pronunciaría en contra del acuerdo, el Gobierno logró una importante victoria en la causa que busca resolver si el memorándum de entendimiento firmado con Irán por la voladura de la AMIA es constitucional o no.
A la izquierda, el juez Gemigniani, uno de los camaristas apartados que debía definir sobre Irán.
Ahora, el apartamiento será apelado por la AMIA y la DAIA, quienes impulsan la declaración de inconstitucionalidad, y por el fiscal Raúl Pleé, quien entendió que el futuro del único juez natural del caso - Gemignani - no puede ser definido por dos jueces subrogantes, nombrados de manera inconstitucional.
Ocurre que, según informó La Nación, la decisión de apartar a Gemignani fue adoptada por dos abogados que fueron nombrados como jueces suplentes y ambos son cercanos al kirchnerismo e hicieron lugar a un pedido del Gobierno en la causa.
En el fondo de la cuestión se ubica un tratado que genera polémica desde que se impulsó: el memorándum de entendimiento con Irán, que fue firmado en secreto por el canciller Héctor Timerman con su par iraní. Luego de la firma, se impulsaron dos proyectos: uno en el Congreso argentino, aprobado en 2013 en ambas cámaras; y otro en la legislatura de Irán, que no superó ese filtro.
El memorándum fue acordado por Timerman junto a su par iraní. Nunca lo aprobaron en Irán.
El convenio preveía la creación de una Comisión de la Verdad que revise la investigación del atentado en la mutual judía en 1994, y que los sospechosos iraníes del ataque pudieran ser interrogados por autoridades judiciales de la Argentina.
UNA CAUSA CON MUCHAS VUELTAS
Pero el memorándum de entendimiento que intentó desarrollar la Argentina trajo muchas idas y vueltas. En primera instancia, el pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Luego, en Casación quedó frenado, y desde el Gobierno hicieron todo lo posible para evitar un fallo que lo declarara nulo.
El atentado a la AMIA ocurrió en 1994. No hay responsables condenados por el ataque.
En primer lugar, el oficialismo impulsó, a través del Consejo de la Magistratura, la salida del juez Luis María Cabral, como suplente de la Sala II. Cabral firmaría en contra de la constitucionalidad. Sumado al voto del juez Gemignani, el memorándum hubiera sido declarado inconstitucional. La tercera jueza de la Sala II, Ana María Figueroa, votaría a favor.
Pero debido a la nueva Ley de Subrogancias, el Consejo de la Magistratura apuró la salida de Cabral y designó conjueces para tratar el tema. En su lugar, nombraron al abogado Claudio Vázquez, cuya intervención fue efímera, según resalta La Nación, debido a que una jueza suspendió su designación por considerarla inconstitucional.
El juez Cabral ya había sido apartado de la causa que busca determinar si el memorándum es constitucional.
Los jueces que quedaron en la Sala II terminaron enfrentados: hubo denuncias cruzadas, recusaciones y el Gobierno encontró en ese punto gris la excusa para apartar a Gemignani, gracias a la intervención de los abogados que el Consejo de la Magistratura designó como suplentes: Norberto Frontini y Roberto Boico, ambos allegados al Gobierno.
Mientras que Boico integra la agrupación Justicia Legítima, ligada al oficialismo; y es socio del abogado de Derechos Humanos Eduardo Barcesat, y fue letrado de Madres de Plaza de Mayo y Hebe de Bonafini; Frontini fue secretario de la Defensoría General porteña y asesor de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
Roberto Boico, uno de los jueces subrogantes nombrados recientemente. Es cercano al Gobierno.
Mientras tanto, la causa que busca comenzar a aportar claridad sobre el atentado a la AMIA sigue frenada. En un comunicado, la asociación expresó su “desazón por otra situación inesperada” en el tribunal que debe definir la constitucionalidad o no del memorándum.
