La Justicia Federal finalmente le concedió el arresto domiciliario al represor Miguel Etchecolatz, condenado en cuatro ocasiones a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la última dictadura cívico militar. La medida no será efectiva de inmediato, por una decisión de primera instancia.
El Tribunal Oral Federal N° 1 contradijo al juez Ernesto Kreplak. El magistrado había denegado el arresto domiciliario, tal como había solicitado el represor, debido a su precario estado de salud. En cambio, dispuso que sea trasladado a un hospital. Sin embargo, un fallo contrario del Tribunal Federal definió que puede regresar a su vivienda.
Un fallo de la Justicia federal benefició al represor con el arresto domiciliario.
Más allá de los delitos por los ya fue condenado, Etchecolatz es uno de los acusados de la desaparición de Julio López, en septiembre de 2006, luego de que el albañil brindara testimonio en uno de los juicios que enfrentaba el ex director de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura.
La abogada de la familia López, Guadalupe Godoy, aseguró que uno de los jueces del tribunal “ignora los informes médicos que señalan que Etchecolatz está en condiciones de permanecer en el Servicio Penitenciario y le otorga (el beneficio) por razones humanitarias”. “Estamos dolidos con esta decisión, no sorprendidos”, lamentó Godoy en diálogo con C5N.
Julio López desapareció en 2006 tras declarar en el juicio contra Etchecolatz.
En este sentido, la abogada acusó que desde el cambio de gobierno en diciembre pasado se comenzaron a sentar las bases para que los genocidas “vuelvan a las calles”. “Hubo un cambio radical del tribunal este año a la par del desmantelamiento de las estructuras del Estado que aportaban a los juicios”, lamentó Godoy.
Debido a una resolución de primera instancia, Etchecolatz está impedido de acceder al beneficio del arresto domiciliario. En principio, no se hará efectiva porque existen otras condenas y causas en su contra que están en etapa de instrucción.
No interviene
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró a Clarín que el Gobierno no apelará la decisión del tribunal oral. “Es un tema de la Justicia, si hay una ley, hay que cumplirla. Si alguien cree que hay que plantear excepciones a la prisión domiciliaria, tiene que plantear una modificación a esa ley”, consideró el funcionario macrista.
Marcos Peña se desmarca: "Es una cuestión de la Justicia".
En este sentido, aseguró que “tiene criterio que una persona mayor esté detenida en su casa” y aclaró que “son convenciones internacionales”.