El Gobierno ya puso primera en la búsqueda de que quede sin efecto la medida cautelar que dispuso la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad y que rechazó la virtualidad en las clases durante 15 días que establecía el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el jueves el presidente Alberto Fernández.
Hoy a primera hora los abogados de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, se presentaron en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se avance con la inhibitoria de esa Cámara. Es decir, buscar que se sostenga que la competencia para determinar si es aplicable o no ese DNU sea federal y no ordinaria. Por sorteo, la presentación recayó en manos del juez federal Esteban Furnari.
Es el mismo planteo que tuvo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, cuando se presentó en la causa que habilitó las clases presenciales y les pidió que se inhiban de seguir actuando. Un dato no menor es que ayer el Gobierno había dejado trascender que se iba a presentar ante ese misma Cámara algo que finalmente no ocurrió. ¿El motivo? Al no ser parte del expediente (fue presentado por un grupo de padres contra el Gobierno de la Ciudad y no contra el Estado nacional) no tiene la capacidad de intervenir por lo que avanzó con otra vía.
Cerca del presidente Alberto Fernández entienden que la administración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se aprovechó de una decisión inválida para que hoy abrieran las puertas de las escuelas de la ciudad, en detrimento del DNU que había suspendido la presencialidad durante dos semanas, a partir de hoy.
Mientras tanto, la Corte Suprema dio hace minutos un avance en la causa por la cautelar que presentó la Ciudad para solicitar que se trate la inconstitucionalidad del mencionada DNU y que a su vez se deje sin efecto mientras se discute esa cuestión. Luego de que el viernes la Procuración General se expidió a favor de que se trate el amparo, el máximo tribunal tiene previsto pasarle el expediente a Zannini para que en 72 horas, plazo que establecerían según trascendió, avancen con la respuesta del Estado en el planteo.
Una vez enviada la respuesta de Zannini, la cual dan por descontado que será en contra del retorno de las clases presenciales, el máximo tribunal estará en condiciones de tomar una decisión. Cabe recordar que la Corte Suprema no tiene plazos por lo que si no hay acuerdo entre los ministros la cautelar podría no tratarse.
La cuestión de fondo que busca plantear el Gobierno, y que rechaza la Ciudad, es que tienen que ser los tribunales federales los toman la decisión. En dialogo con BigBang, el abogado constitucionalista Andrés Gil Dominguez, que integró la comisión para la reforma de la Justicia, consideró dos puntos. El primero es que hubo un exceso de competencias por parte de la Cámara de Apelaciones porteña de avanzar sobre una cuestión federal pero, en segundo orden, el DNU también avanzó sobre las competencias de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires debido a que la Educación es de administración provincial
“Es inconstitucional haber suspendido las clases en las aulas, pero tampoco es competente el Gobierno de la Ciudad para decidir sobre el DNU”, manifestó. “La Justicia local de la Ciudad no es competente para una norma de naturaleza federal” porque “la justicia local solo es competente para los planteos de las leyes locales”.
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Por tal motivo, Gil Domínguez remarcó que “habilitando este tipo de medidas, terminamos en un círculo vicioso en el que el Poder Judicial hace política y no justicia”.