El Gobierno prepara nuevas exigencias en la ley de ética pública y elaboró un proyecto cuyo borrador establece que los funcionarios públicos deberán declarar los bienes de sus parejas, desprenderse de sus acciones y bienes antes de asumir y restringir la actividad privada previa a su asunción.
Macri y su proyecto para endurecer los controles sobre la política.
La iniciativa no sólo involucra al Presidente y a sus ministros, sino también a jueces, fiscales, diputados y senadores.
En rigor, el proyecto busca controlar los conflictos de intereses y transparentar los bienes de los funcionarios. Lo cierto es que el Gobierno tiene diversos hombres de negocios que saltaron de las grandes empresas a la administración pública y cuya actividad pude haber generado ciertas irregularidades.
Declaraciones juradas
A partir de ahora, las declaraciones juradas deberán incluir los bienes de las parejas de los funcionarios, convivientes e hijos menores de edad. En 2013, según consignó La Nación, la gestión de Cristina Kirchner impulsó un cambio en la ley que restringió esos datos y habilitó a que las parejas custodien los bienes que el funcionario no quería sacar a la luz. Además de publicar sus bienes, deberán detallarse las actividades laborales anteriores y los vínculos con asociaciones o fundaciones.
Macri y sus funcionarios deberán presentar una declaración jurada más detallada.
Conflictos de intereses
El texto del Gobierno destaca que está prohibido "realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones", "proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia" e "intervenir en gestiones judiciales contra el Estado".
El Presidente y los ministros deberán desprenderse de las acciones o cualquier otro título emitido por sociedades vinculadas a su área "o cuya cotización pudiera verse influenciada". Por ejemplo: Juan José Aranguren no hubiera podido asumir en Energía sin antes desprenderse de sus papeles en Shell.
Aranguren no podría haber jurado sin vender sus acciones en Shell.
La iniciativa, en tanto, señala que los funcionarios de jerarquía tienen prohibido ser socios de instituciones que representen intereses sectoriales "cuyo objeto resulte concurrente con su función". Así, se apunta a casos como los del flamante ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere , que debió renunciar a la Sociedad Rural.
El texto explicita que "el funcionario no debe designar parientes o amigos en la repartición a su cargo", aunque nada dice respecto de otras áreas del Estado. Sobre la retroactividad, la ley impone que quienes se encuentren en un conflicto de intereses con la nueva la ley "deberán optar entre su cargo y la actividad incompatible dentro de los 30 días".