Antes de la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández recibió la noticia de parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, de que en las negociaciones para rubricar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para un nuevo préstamo por al menos USD 44.500 millones para saldar el que tomó la administración del ex presidente Mauricio Macri, llegaron a un buen puerto en uno de los temas más ásperos: los subsidios energéticos.
Según trascendió, eso motivó que en su discurso Fernández de algunos detalles no sólo sobre la segmentación de tarifas sino también de las fechas de pago del mismo. En cuanto a estas últimas, según adelantó en su discurso los primeros vencimientos empezarán a pagarse en 2026 hasta 2034 en un esquema que aun no trascendió si será igual al que ahora buscan rollear.
Cabe recordar que Guzmán se encamina a acordar que el FMI le gire a Argentina los montos por los vencimientos que hay que empezar a abonar por el préstamo que solicitó Macri. Eso en términos financieros se llama “roll over” que es cambiar deuda ya contraía por nueva para su repago. Una cuestión troncal, a priori, es que la tasa de interés se mantendría igual ya que el funcionario no logró que prospere su intento por recortar la sobre tasa (porcentaje por encima de la tasa habitual que pagan los países cuando exceden su cuota).
En el acuerdo, según trascendió, se establece que la Argentina tiene que comprometerse a una reducción del déficit fiscal tendiente a cero en 2025 pero con los mayores recortes a partir de 2024, es decir, después de terminado el mandato que ahora cursa Fernández. De esa forma el déficit tiene que ser 2,5% en 2022, con un gradual descenso a 1,9% (2023), 0,9% (2024) y 0% al año siguiente. Para garantizar los desembolsos habrá revisiones trimestrales como es habitué en el organismo multilateral.
¿Pero con las tarifas qué sucederá? De la totalidad de la población alcanzada se buscará tomar al 10% que mayores ingresos tiene. Esos pagarán la totalidad de la tarifas sin subsidio, por lo que se calcula que esos hogares tendrán que pagar entre dos y tres veces más lo que abonan hoy en día. Los restantes deciles de la escala de ingresos tendrán subas que se calcularán sobre la base de la inflación y la evolución de los salarios.
El calculo podría ser similar al que se calcula para el aumento de los contratos de alquileres que el propio Presidente dijo hoy, en su discurso, que tiene que ser modificado. Sin embargo habrá un asterisco en ese cálculo. La suba de las tarifas no podrá ser mayor a la de la inflación, de acuerdo a lo que negoció Guzmán en las últimas horas con las autoridades del FMI. Tampoco habrá condiciones o cambios como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania que generó que aumenten los precios internos acciónales del combustible.
La segmentación incluiría también varias capas relacionadas con la capacidad de pago más la tarifa social. Y allí reside una de las cuestiones técnicas más complejas, según explican, de resolver. En una economía que en un 40% está en negro, tanto en el Gobierno como en la AFIP son conscientes de que en los sectores de ingresos más altos hay un subregistro del dinero que entra mensualmente.
Una de las estrategias para avanzar con esto, por estas horas, es un aumento inicial en general para luego avanzar con los datos que puede arrojar el Censo 2022. Sobre todo luego de la segmentación que preparó la Secretaría de Energía para el AMBA en donde tomó el valor del metro cuadrado por cuadra y llovieron múltiples críticas por no tener en cuenta las expansiones y puesta en valor de diferentes zonas dentro de ese territorio.
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Aun restan algunos detalles, no obstante, definir. Uno de ellos es qué pasará con el vencimiento el 22 de marzo de casi USD 3.000 millones que el Gobierno quiere que queden refinanciados con el acuerdo. El Fondo, en las conversaciones, requirió que todo programa cuente con el aval de la oposición. Amen de esto la intención del oficialismo de que sea aprobado en el Congreso. Para que una ley, con un trámite exprés, pase por el Congreso necesita al menos de tres semanas por lo que el plazo para el 22 de marzo empezó a correr. De no pagar, Argentina tendría un mes más para hacer efectiva la transferencia antes de caer en default. Ahí también parte del apuro por avanzar.