El gobierno de Javier Milei, a través de la Resolución 1092/2024 publicada en el Boletín Oficial, oficializó la baja a la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner y la pensión correspondiente a su fallecido esposo, Néstor Kirchner. La medida, que ya había sido anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, se sustenta en la condena penal que pesa sobre la ex presidenta, quien fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Según el Ejecutivo, estas asignaciones, previstas por la Ley 24.018, son incompatibles con una condena por delitos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas.
El texto de la resolución argumenta que los beneficios otorgados bajo la Ley 24.018 no son de carácter contributivo, sino graciables, y se otorgan en reconocimiento al honor, mérito y buen desempeño en cargos públicos de alta jerarquía. "La finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional". destaca la resolución publicada este viernes.
Este tipo de asignaciones no solo requiere haber cumplido con dichas condiciones al momento de cesar en la carga, sino también durante la percepción de los beneficios. Por lo tanto, al confirmarse una condena -la cual, por cierto aun no está firme- por delitos que perjudican al erario público, el gobierno considera que Cristina Fernández de Kirchner pierde la legitimidad para seguir percibiéndolos. Al mismo tiempo, se destacó que esta decisión es coherente con los principios de "sentido común y cordura" en la gestión del libertario, pese que al haberla llevado adelante cometió un acto de ilegalidad.-
Si bien Manuel Adorni subrayó que, bajo el mandato del presidente Javier Milei, no se destinarán fondos públicos a personas condenadas por corrupción que hayan "mancillado el honor y la dignidad de los argentinos", la medida enfrenta cuestionamientos legales. La Ley 24.018, que regula las jubilaciones especiales para ex presidentes, ex vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema, no establece explícitamente que las condenas penales sean motivo suficiente para la revocación de estos beneficios. El único supuesto previsto en la norma para la pérdida de las asignaciones es la destitución del beneficiario por juicio político, lo que no aplica en este caso.
Además, la condena contra Cristina Fernández de Kirchner aún no está firme, lo que refuerza las dudas sobre la legalidad de la decisión. "Si conocieran algo sobre la ley 24.018, sabrían que la única causa para perder el beneficio es el juicio político. No porque lo diga yo, así lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en el fallo Smart, para restablecer el beneficio de un magistrado al que se lo sacaron, por haber sido condenado por delitos de lesa humanidad", afirmó el abogado Facundo Fernández Pastor. Este antecedente establece un claro límite a las facultades del Ejecutivo en la interpretación de la Ley 24.018.
Un caso similar ocurrió en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la ministra Carolina Stanley intentó dar de baja una de las asignaciones de Cristina Fernández argumentando incompatibilidad de cobros según el artículo 5 de la ley. En esa ocasión, el juez Ezequiel Pérez Nami falló a favor de la exmandataria, permitiéndole percibir tanto su jubilación como la pensión de Néstor Kirchner. Aunque el fallo fue apelado, el gobierno de Alberto Fernández retiró la apelación, consolidando el derecho de la ex presidenta a recibir ambas asignaciones.
Ante este contexto, es más que probable que Cristina Fernández recurra a la Justicia para impugnar la medida, lo que podría derivar en un proceso judicial prolongado. Si se ratifican los antecedentes legales existentes, es posible que los tribunales caigan a su favor, restaurando sus beneficios.