Burdo e insólito
17 Marzo de 2025 09:24
La liberación de 114 detenidos tras los disturbios en la marcha de jubilados frente al Congreso desató una fuerte polémica judicial y política. La jueza Karina Andrade, responsable de la decisión, enfrenta una denuncia penal por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, quien la acusa de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado. "Denunciamos a la jueza", anunció la ministra con bombos y platillso.
A través de su cuenta de X, Bullrich, dio a conocer la medida que tomó el Gobierno y cargó contra la magistrada: "Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes. No fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones. Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes".
En su posteo, la funcionaria advirtió que la jueza fue denunciada "por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento". "Con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás", escribió y compartió un fragmento de la denuncia, donde se ve claramente que está mal redactada. Incluso, se equivocaron el apellido de la magistrada, a quien llamaron "Jueza Karina Delgado", en vez de Andrade.
El conflicto estalló tras la resolución de Andrade de liberar a los manifestantes sin un análisis detallado de las pruebas ni la verificación de antecedentes penales. Según el Gobierno, la jueza habría intervenido indebidamente en un procedimiento de flagrancia, cuya competencia recae exclusivamente en la Fiscalía. La ministra Bullrich criticó duramente a la magistrada a través de sus redes sociales, afirmando que su acción fue "complicidad" y que liberó a los detenidos "por WhatsApp".
Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que la jueza permitió la intervención de defensores no designados y ordenó la liberación sin verificar los antecedentes de los detenidos, algunos de los cuales tendrían causas por lesiones, narcotráfico y robo. Además, se cuestiona que Andrade haya justificado su decisión en la falta de espacio en los centros de detención, argumento que el Gobierno refuta al sostener que existían plazas disponibles en unidades penitenciarias.
En la denuncia, se remarca que la liberación pudo haber favorecido el encubrimiento de delitos cometidos durante los disturbios, que dejaron un saldo de más de una docena de policías heridos y patrulleros incendiados. Asimismo, el Ejecutivo solicita que el fuero federal intervenga en la causa al considerar que los hechos podrían encuadrarse en delitos de sedición y atentado contra el orden constitucional.
Por su parte, la jueza Andrade defendió su fallo, asegurando que las detenciones se realizaron sin cumplir los requisitos legales básicos. En su resolución, sostuvo que la Fiscalía no proporcionó información precisa sobre el horario, lugar y motivos de las detenciones, lo que impidió efectuar un control judicial adecuado. "No se detallaron los hechos concretos que justificaran la detención de cada persona. La información era absolutamente deficitaria", argumentó la magistrada.
Además, aseguró que ningún detenido estaba imputado por delitos graves como portación de armas o incendios, desmintiendo las afirmaciones del Gobierno sobre la peligrosidad extrema de los liberados. Mientras el Gobierno insiste en que la decisión de Andrade fue irregular y facilitó la impunidad, desde sectores judiciales y organismos de derechos humanos se cuestiona si la denuncia es una maniobra política para presionar a la magistratura.
Lo cierto es que el fallo de la jueza Andrade sobre la liberación de los detenidos se apoya en fundamentos claros y verificables. La magistrada advirtió que las detenciones se realizaron sin cumplir con requisitos básicos de legalidad, lo que impidió efectuar un control judicial adecuado. En su resolución, detalló que la información proporcionada por la fiscalía era "absolutamente deficitaria", ya que no especificaba el lugar, el horario ni los motivos exactos de la detención de la mayoría de los acusados.
En un tramo clave del fallo, Andrade sostuvo: "Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención."
Además, subrayó que ninguno de los detenidos estaba imputado por delitos graves como "portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos", lo que desmonta la afirmación de Adorni sobre su supuesta peligrosidad extrema. Más grave aún, la jueza detectó que en varios casos los detenidos fueron registrados con descripciones vagas y genéricas, como "Hombre de 25 años de edad que no aporta datos", lo que impedía garantizar el derecho a la defensa.
En este contexto, Andrade concluyó que la falta de información precisa vulneraba principios constitucionales básicos: "La exigencia de comunicación inmediata se anuda directamente con la garantía de libertad personal como parte inviolable de la dignidad de las personas [...] No puedo soslayar, en esta línea, que la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria."
La investigación sobre lo ocurrido el 12 de marzo sigue en curso y podría derivar en nuevas imputaciones o sanciones. La actuación de la jueza Andrade, en tanto, será evaluada por la Justicia, que deberá determinar si hubo una violación de sus deberes o si, como sostiene la magistrada, solo garantizó los derechos constitucionales de los detenidos. En medio de este escándalo, la discusión sobre la independencia judicial y la seguridad pública vuelve a estar en el centro del debate público.
