El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, volvió hoy a encender la mecha de la polémica cuando aseguró que otorgarle prisión domiciliaria a los represores no significa contribuir con la "impunidad" sino que implica apenas un "cambio de lugar" de detención.
"La prisión domiciliaria de los represores no es impunidad. Es cambio de lugar donde se terminan de cumplir las penas. Es una potestad del juez, el fiscal y la parte. Nosotros ahí no podemos hacer absolutamente nada", consideró el funcionario nacional en diálogo con el programa "Toma y Daca" de Radio Del Plata.
"Trabajamos en función a lo que son las leyes y los procesos penales y las atribuciones que tiene cada uno. Los que trabajamos en Derechos Humanos tenemos que ser muy respetuosos de los fallos y las leyes",dijo el funcionario.
Las declaraciones de Avruj llegan en un momento en que los organismos de derechos humanos expresan su profunda preocupación por los fallos judiciales que le otorgaron la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz por su edad avanzada en el marco de una de las causas por las que fue sentenciado.
Etchecolatz es el caso más polémico pero no es el único. Fue condenado a cadena perpetua por su actuación como jefe de la policía bonaerense durante la ultima dictadura militar y su responsabilidad en la llamada "Noche de los Lápices" de la que acaban de cumplirse 40 años.
Además, es denunciado por su responsabilidad en la segunda y definitiva desaparición del albañil Jorge Julio López, en setiembre de 2006.
[AUDIO] Claudio Avruj, secretario DDHH: "Prisión domiciliaria no es impunidad sino cambio de lugar de detención. https://t.co/gtmzbszLlo
- Mariano Martín (@marianoemartin)
Avruj intentó bajarle el tono a los cuestionamientos y sostuvo que las políticas de "memoria, verdad y justicia" son "política de Estado" para el gobierno de Cambiemos. "Hay un compromiso absoluto mío personal y también del presidente", dijo.
Avruj tomó distancia de los cuestionamientos por esta cuestión y recordó que de los 460 genocidas que hoy cumplen sus penas con el beneficio de la prisión domiciliaria, "430 fueron dadas" durante el gobierno kirchnerista.