La Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión en la causa que enfrenta el Estado argentino por la expropiación de YPF que fue cuestionada por los otros accionistas de la compañía. Hoy por la mañana manifestó el pedido de opinión a la administración de Donald Trump sobre el caso antes de expedirse sobre si lo toma o no.
Ese mecanismo, de consulta al “Solicitor General”, (abogado del Estado) consta en que en ciertas causas el máximo tribunal norteamericano le pide su opinión al Gobierno de turno para, como es este caso, deje sentada su postura para no generar un conflicto diplomático posterior.
Está a su vez era una de las tres opción que tenía el máximo tribunal siendo la primera desestimar el caso (sólo acepta entre 150 y 200 de los 7.000 en promedio que ingresan por año) , y la segunda darle la razón a la Argentina.
Los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Los dos enviados por el presidente Mauricio Macri para representar, junto con el bufete de abogados contratados, al Estado argentino, el Procurador General del Tesoro, Bernando Saravia Frias, y el director de YPF y parlamentario del Mercosur, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, dejaron trascender que la buena relación entre ambos mandatarios podría terminar de inclinar la balanza para que la Corte Suprema decida tomar el caso.
El Procurador del Tesoro es uno de los enviados por el Gobierno a Nueva York.
“No es jurídica sino política, es decir que conviene más a los intereses exteriores de USA. Aunque no es vinculante cambiaron las chances y sería improbable que habiendo solicitado la opinión no la siguieran”, afirmó una calificada fuente oficial.
No obstante ello el antecedente inmediato no es el mejor. En 2014 el juicio que le iniciaron los “holdouts” a Argentina por la denominada “clausula cerrojo” para el canje de la deuda defaulteada en 2001 pasó por ese mismo paso, y en ese entonces la Corte Suprema le solicitó su opinión a la administración del ex presidente Barack Obama.
En una respuesta ambigua Obama explicó su postura a favor de la Argentina cuestión que no generó cambios en la decisión final de la Corte de no tomar el caso y por ende dejar firme los fallos de primera y segunda instancia a favor de los “holdouts”.
Rodríguez Simón junto a Mariana Zuvic.
Al contexto además hay que sumarle el “Shutdown” de la administración Trump que ya lleva diez días de corrido. Cuando el Gobierno no consigue que la Congreso apruebe el Presupuesto, o una ampliación del mismo, se paraliza la gestión pública hasta que se garanticen los fondos para poder continuar. Por esa razón se especula que, una vez que se destrabe la aprobación de la ley de leyes, recién para junio podría llegar a haber algún tipo de resolución.
¿Cómo empezó el juicio?
En diciembre de 2015 el bufete Burford Capital Limited, que compró por U$D 500 millones los derechos para litigar del Grupo Petersen, la empresa de la familia Eskenazi, presentó una demanda contra el Estado Argentino por la expropiación de YPF en 2012. En la presentación judicial, que se realizó en el mismo juzgado que falló en contra de Argentina en la causa de los “holdouts”, se establece que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner incumplió con los estatutos de la privatización de la compañía.
A la par de la causa en la Justicia argentina se investiga el trasfondo de la compra de acciones por parte de los Eskenazi,
Allí se establece que toda compra de acciones por parte del Estado argentino tiene que ser acompañada de la adquisición del resto del paquete accionario. Esa cláusula se encuentra en los papeles que le envió la petrolera a la Comisión de Valores de USA (SEC) en 1993 cuando se llevó adelante la operación de privatización. Ese documento es en el que se basa el bufete para el reclamo judicial mientras que el Estado considera que no se violó ninguna cláusula debido a que se realizó bajo la denominada “inmunidad soberana” y por ende Burford tiene que litigar en los tribunales argentinos.
Una buena: las naftas de YPF bajaron y el litro de súper cuesta menos de $37 en Buenos Aires
Los argumentos de kirchnerismo para llevar adelante la operación de compra del 51% de las acciones que se encontraba en poder de Repsol se centraban en el vacimiamiento que habían llevado adelante en la empresa más grande del país. Esas operaciones, que incluyeron el envió al exterior de hasta el 90% de las utilidades, fueron permitidas por Fernández de Kirchner en las negociaciones para cerrar el desembarco de los Eskenazi en YPF, que se hicieron con más del 20% del paquete accionario bajo la premisa de pagar ese dinero con las utilidades que genere la empresa.
El ex ministro de Economía fue el cerebro detrás de la ingeniería para la expropiación del 51% de la compañía.
Si bien no hay un monto en cuestión que tendría que pagar el Estado, ya que la cifra se conoce una vez que la sentencia quede firme cuando se acaben todas las instancias de apelación, se especula que estaría en torno a los U$D 1.000 y U$D 3.000 millones.
En la demanda incluso citaron al ex ministro de Economía y actual diputado nacional, Axel Kicillof, cuando en una audiencia del Senado por la ley de expropiación desde la oposición le remarcaron que se encontraba en una violación de la mencionada cláusula a lo que respondió: "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!"