Por goteo, el Gobierno aceptó hoy la renuncia a cuatro jueces y una fiscal en medio de la discusión por las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial, que la semana pasada fue aprobada en la Cámara de diputados y en los próximos días llegaría al Senado. En la Casa Rosada creen que no habrá un “éxodo”, aunque el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, había anticipado que podría haber hasta 200.
Las renuncias fueron publicadas esta mañana en el Boletín Oficial. Se trata del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad, Fernando Larraín; el juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad, César Osiris Lemos; la jueza del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias de la Ciudad N° 3, Ascensión Garese; y el juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Ciudad, Ricardo Manuel Rojas.
Además, el Poder Ejecutivo le aceptó la renuncia a Irma García Netto, a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal.
En el gobierno le bajaban el tono a las renuncias y negaban la existencia de un “éxodo” de jueces y fiscales del Poder Judicial en medio de la reforma al régimen especial de las jubilaciones, que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de diputados y ahora deberá ser tratada en el Senado, donde el Frente de Todos cuenta con los votos para aprobarla.
Son jueces y fiscales que ya tenían aprobada la jubilación y que ante el inminente ajuste definieron renunciar antes de que la modificación sea aprobada por el Congreso y reglamentada por el Poder Ejecutivo. “Si tengo diez o 15 renuncias es mucho, se va a ir de la Justicia el que se quiere ir”, dijo el lunes la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo en declaraciones a Futurock.
Días atrás, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, aseguró que estimaban que podría haber entre 150 y 200 renuncias por la reforma a las jubilaciones de privilegio. En el Congreso, el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, detalló que el promedio de las jubilaciones de magistrados era de $293 mil, alrededor 21 veces la jubilación mínima, de $14 mil. En el caso de los diplomáticos, la jubilación promedio ronda los $339 mil.
LOS FRENTES DEL GOBIERNO CON LA JUSTICIA
Más allá de las jubilaciones, el anuncio formal del presidente Alberto Fernández sobre la reforma judicial es otro de los factores que tiene en alerta a jueces y fiscales. Hay quienes piensan que es necesario encarar una modificación pero advertían dudas respecto a las modificaciones, en las que trabaja principalmente el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.“La reforma es Beliz puro. Es lo que intentó hacer en el 2004 y no pudo concretar”, decía a BigBang un importante fiscal federal con despacho en Comodoro Py, que si bien valoró como positivo el mensaje del presidente, analizaba que habría que empezar por aplicar las reformas al Código Procesal Penal, que incorpora el sistema acusatorio, en el que cobrarán mayor relevancia los fiscales, que estarán a cargo de toda la investigación.
La modificación que propone Fernández además apunta a un “reordenamiento” de la Justicia federal, a partir de la creación del Fuero Federal Penal, en el que se unificarán los fueros penales con jurisdicción en la Ciudad. De este modo, las causas que ahora son investigados por 12 jueces federales con despacho en Comodoro Py 2002 pasarían a sortearse entre otros más de 60 jueces penales de la Capital.
Eso, por supuesto, genera rechazo entre la mayoría de los magistrados con despacho en Py. “Muchos jueces de otros fueros están igual de colapsados que en Comodoro Py, si el objetivo es desconcentrar no necesariamente esta sea la mejor solución”, advertía una fuente judicial ante la consulta de BigBang.