28 Octubre de 2016 06:17
A pesar de que Mauricio Macri pidió su remoción, el oficialismo en el Congreso da casi por descartado el juicio político a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó y apunta sus cañones a intentar acuerdos parlamentarios para insistir con la reforma del Ministerio Público con el objetivo de recortarle poder a la jefa de fiscales.
Gils Carbó, para rato. El oficialismo descartó un posible juicio político.
El presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Álvaro González (Pro), admitió que “no hay voluntad política” para “avanzar” con el pedido de juicio político a Gils Carbó, tal como exigió Elisa Carrió.
Es que dentro del oficialismo aún resuena el fracaso del tratamiento de la reforma al Ministerio Público Fiscal, que se iba a realizar el pasado miércoles pero que por disidencias internas y los cuestionamientos de Carrió se frenó. La diputada cuestionó la duración de cinco años que se iba a otorgar al mandato de Gils Carbó e insistió en que para echarla había que recurrir al juicio político.
Carrió exigió el juicio político a Gils Carbó.
Según la ley vigente, para desplazar a la procuradora se necesitan dos tercios de los votos en cada cámara, un número que el oficialismo no puede reunir en Diputados ni en el Senado sin el apoyo del bloque del Frente Para la Victoria, que ya dejó en claro no acompañará la medida.
Ante este escenario, el oficialismo volverá a la carga de la reforma del Ministerio Público Fiscal e intentará realizar modificaciones al dictamen para poder insistir con el proyecto, duramente cuestionado por la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Fiscales y de un grupo de ONG con larga trayectoria en temas judiciales.
Álvaro González desestimó el posible juicio político a Gils Carbó.
Las opiniones coincidieron en que el proyecto ponía en riesgo la independencia del Ministerio Público porque, entre otras cosas, le daba facultades "excesivas" a la comisión bicameral de control y seguimiento del organismo, a cargo de la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño.
Tras los cuestionamientos, el Frente Renovador, que había firmado el dictamen en disidencia parcial, elaboró un documento para proponer 14 modificaciones. Coincidió en que deben recortarse facultades de la comisión bicameral, aunque manifestó que la duración del mandato del procurador general debe ser de siete años y no de cinco. El escenario para una posible aprobación de la ley asoma complejo, al menos para lo que resta del año.
