Represión y miseria
por Alejo Paredes
13 Marzo de 2025 12:29
Mientras el gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegaban un brutal operativo represivo contra jubilados, manifestantes y barras bravas que reclamaban por sus derechos en las inmediaciones del Congreso, las cifras oficiales revelaban una realidad aún más cruel: los haberes de los adultos mayores en Argentina son paupérrimos y condenan a millones a la miseria. Los números no mienten: según la Defensoría de la Tercera Edad, un jubilado necesita al menos $1.200.523 por mes para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, la jubilación mínima en marzo fue de apenas $350.000, incluyendo un bono de $70.000. La brecha entre ingresos y necesidades es catastrófica y expone el desinterés del gobierno libertario por la calidad de vida de quienes trabajaron toda su vida.
El deterioro de los ingresos de los jubilados es el resultado de una estrategia deliberada del gobierno de Milei para licuar el gasto previsional. Con una inflación acumulada que pulveriza los aumentos concedidos, la política oficial consiste en sostener bonos congelados y postergar cualquier tipo de mejora real en los haberes. El caso del bono de $70.000 es paradigmático: en marzo de 2024 debería haber sido actualizado a $145.000 para compensar la inflación, pero el gobierno decidió mantenerlo sin cambios, reduciendo así el poder adquisitivo de los jubilados. De igual manera, los aumentos por inflación implementados en 2025 fueron insignificantes frente a la suba de precios:
- Enero: +2,43%
- Febrero: +2,7%
- Marzo: +2,21%
En el primer trimestre del año, el incremento acumulado fue del 7,5%, pero no todos los jubilados recibieron el mismo ajuste. Aquellos que perciben la jubilación mínima vieron un aumento de apenas el 5,9%, mientras que los beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal para Adultos Mayores) recibieron un 5,6% y las pensiones no contributivas un 5,4%. Todos estos incrementos quedaron muy por debajo del aumento de la canasta de los jubilados, que se disparó un 75,2% en el último año.
El ajuste no es solo un número en una planilla. Es la imposibilidad de acceder a medicamentos, la incapacidad de pagar un alquiler, la renuncia a una alimentación adecuada. Solo en 14 meses, cada jubilado perdió el equivalente a $2.200.000 debido a la licuación de sus haberes frente a la inflación. Hoy, un jubilado recibe menos poder adquisitivo que en noviembre de 2023, que ya era un escenario desastroso. El discurso oficial insiste en que la pobreza en los jubilados ha bajado, pero los datos reales desmienten esa narrativa. Con una jubilación que no cubre ni la mitad de la canasta básica, el 65% de los jubilados está bajo la línea de pobreza.
Incluso si se toma la canasta subestimada del INDEC, la gran mayoría de los jubilados sigue sin alcanzar un nivel de vida digno. Mientras el presidente Javier Milei repite su discurso de "cortar privilegios" y "achicar el Estado", los jubilados pagan el precio de un ajuste feroz que los empuja a la indigencia. El miércoles, cientos de viejos se movilizaron al Congreso para exigir la prórroga de la moratoria previsional y la restitución del 100% de los medicamentos del PAMI, que fueron recortados por el gobierno. La respuesta fue una brutal represión de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, con gases lacrimógenos, palos y detenciones arbitrarias.
Una de las imágenes más impactantes de la jornada fue la agresión de un efectivo policial a una jubilada, quien fue derribada en plena avenida por un golpe de escudo. Pero el hecho más grave fue el ataque al reportero gráfico Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza y sufrió una fractura de cráneo. Actualmente se encuentra en estado crítico, luchando por su vida.
Mientras el gobierno intentaba instalar la versión de que la movilización fue obra de "barras bravas" enviados para generar caos, la jueza Karina Giselle Andrade desbarató ese relato al fundamentar su decisión de liberar a los detenidos. En su fallo, destacó que la Policía de la Ciudad no logró precisar dónde, cuándo ni por qué fueron arrestadas las personas que participaron de la protesta. No hubo imputaciones por portación de armas, lesiones ni daños a bienes públicos.
Esto desmiente la versión oficial que justificó la represión. El saldo de la jornada de protesta no dejó dudas sobre la estrategia del gobierno: reprimir para silenciar el hambre. Pero el problema sigue ahí, sin resolverse, mientras las jubilaciones continúan hundiéndose y los reclamos se multiplican en las calles.
