10 Enero de 2018 15:58
Con la intención de la desburocratizar y simplificar los procesos y trámites del Estado, el Gobierno presentó hoy unl Decreto de Necesidad y Urgencia para la Eliminación y Simplificación de Regulaciones que publicará mañana en el Boletín Oficial. De este modo, se busca ahorrar el 1% del PBI en dos años.
La presentación corrió por cuenta de los ministros de Producción, Francisco Cabrera; el Secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, y Pedro Inchauspe secretario de Simplificación Productiva y Pedro Sorop, jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte.
Pensando en llevar esta modernización a los sectores productivos, a las empresas y a las personas se trabajará sobre ejes que delineraron los distintos ministerios como "trabas" que entorpecen la labor de el Estado y la competividad de esos organismos.
Tras este trabajo, el Gobierno emitirá mañana un decreto que contiene 170 medidas que afectan a los ministerios de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía.
También están implicados la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la ANSES y el Banco Central. Estas medidas introducen unas 140 modificaciones en leyes o decretos y derogan otras 19 leyes o decretos, según indicaron desde la cartera de Producción.
LAS CLAVES DEL PLAN
Se elimina el Registro Industrial de la Nación (RIN), creado en 1972, que exigía la inscripción de todas las industrias, sin ningún beneficio claro a cambio.
Se simplifica el proceso para importar y exportar obras de arte, reduciéndose las prerrogativas estatales ante artistas, galeristas y otros exportadores e importadores. Así se podrán exportar hasta quince obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura (o una licencia especial, en el caso de obras de autores muertos más de cincuenta años antes).
Se simplifican y aceleran los procesos para obtener marcas y patentes en lo que refiere a la presentación de las mismas.
Se elimina la necesidad de que el Presidente de la Nación autorice la instalación de nuevas terminales automotrices o si hay un cambio de dueños.
Se unifica la prestación de servicio de tráfico aéreo en la empresa estatal EANA (actualmente existen dos prestadores: EANA y el Ministerio de Defensa). De esta manera, se incorporan nueve aeropuertos al sistema de control de tráfico aéreo de EANA (Tandil, El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds, Moreno, Río Cuarto, Termas de Río Hondo, Río Gallegos y Sauce Viejo).
Se habilita el aumento de la capacidad de los camiones y se permite el uso de los llamados “bitrenes”, formaciones compuestas por un camión y dos remolques. Estas formaciones permiten transportar más carga, ahorrar tiempo e incrementar la productividad del transporte. En total, permiten reducir costos logísticos en más de 20%.
Se regula la circulación de cuatriciclos (se los caracteriza, se le solicitan requisitos de seguridad específicos y circulación circunscripta a terrenos públicos delimitados por autoridades locales)
Se incorpora a la Ley vehículos eléctricos de fabricación nacional.
Se quita exclusividad de circulación vial y preferencias de estacionamientos a funcionarios públicos tanto de nivel nacional como provincial.
Las licencias nacionales de conducir, tanto comunes como profesionales se unificarán en la Agencia de Seguridad Vial, lo que permite cruzar bases de datos de infractores.
Se elimina la necesidad de un decreto presidencial para habilitar puertos.
Se eliminan normas sobre sanidad y calidad agroalimentaria que están desactualizadas sobre enfermedades exóticas en animales o la lucha contra la plaga de langostas.
Se establece que los expedientes digitales tienen la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos. Y hace obligatorio el uso de expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional, entre otras medidas.
Se deroga la Ley de Abastecimiento, de octubre de 1952, que permitía y promovía la producción agropecuaria e industrial por parte del Ejército Argentino, para que pudiera autoabastecerse en caso de un conflicto bélico. De ahora en más, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá decidir cuál es la mejor manera de aprovecharlos.
Se le dan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo que administra los ahorros de la ANSES, herramientas e instrumentos ágiles y apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas, sin dejar de privilegiar el fin social para el que fue creado. Esto incluye desarrollar sistemas para expandir el programa de créditos ARGENTA.
Para agilizar las licitaciones de obra pública, los llamados iniciales sólo tendrán que publicarse en el boletín oficial nacional y en el sitio web del organismo que licita. También se reducen de diez a cinco los días de anticipación para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos.
Se elimina la obligación de que las sociedades comerciales presenten de manera encuadernada sus libros contables.
Se introducen también cambios en la Ley de Sociedades para avanzar en la transparencia en línea con las recomendaciones del GAFI y la OCDE.
Los reclamos por servicio ante el Enargas podrán hacerse en cada provincia, mientras que antes solo se podían hacer en la Ciudad de Buenos Aires.
En el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) se publican las sanciones por informalidad laboral y otros conflictos laborales. El DNU reduce la sanción de inscripción en el REPSAL a 30 días (hoy puede ser de hasta 120 días).
