03 Febrero de 2016 14:17
El abogado del técnico informático Diego Lagomarsino, el penalista Maximiliano Rusconi, será propuesto por el Gobierno para ocupar una vacante como fiscal ante la Cámara de Casación Penal, la máxima instancia penal de la Justicia nacional.
El pliego de Rusconi fue firmado hoy en el ministro de Justicia y enviado a la Casa Rosada, que a su vez lo deberá enviar a la Cámara de Senadores para su aprobación, informa el sitio Infobae.
El concurso para cubrir esa vacante fue realizado en el año 2014 y había sido encabezado por la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, y en el orden de mérito Rusconi había quedado en tercer lugar.
En el primer lugar había quedado Marcelo Ferrante y en segunda ubicación quedó Alejandro Alagia. El gobierno de Cristina Krichner había enviado el pliego de Alagia, integrante de Justicia Legítima, para cubrir la vacante pero ahora su pliego fue retirado por el gobierno de Mauricio Macri.
Con un pasado en la Justicia, Rusconi trabajaba en la profesión desde hace más de diez años y durante el año último tuvo un alto perfil como abogado defensor de Diego Lagomarsino, el técnico informático que le llevó el arma al fiscal Alberto Nisman y que se usó en su muerte, haya sido un suicidio u un homicidio.
Rusconi explicó en su momento que había asumido la defensa de Lagomarsino por una cuestión de amistad, ya que sus honorarios como penalista se encuentra en los más altos del foro local.
Con una amplia experiencia en el campo docente, con decenas de artículos y libros publicados, Rusconi ya tuvo una trayectoria en el Ministerio Público.
Fue Fiscal General -designado por concurso de antecedentes y oposición, con acuerdo del Senado de la Nación-, de la Procuración General de la Nación, Coordinador de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) y representante del Ministerio Público en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Entre sus clientes se encuentran el ex presidente Carlos Menem y Nicolás Ciccone, procesado en la causa por la venta de la imprenta familiar en la que también se encuentra acusado el ex vicepresidente Amado Boudou.
