"Estoy convencido de que el gobierno argentino, por lo menos de que no hay ninguna evidencia, que revele que el gobierno argentino quería perturbar, afectar o encubrir la labor de la justicia, sino todo lo contrario; la Argentina agotó todas las instancias para lograr que la causa por el atentado avance".Con esas palabras, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidente y varios miembros de su partido. En una entrevista con la agencia internacional Reuters, el magistrado argumentó su decisión:
Nisman había denunciado a la Presidente de armar una "confabulación criminal" para encubrir a los iraníes que están acusados de participar en la voladura de la AMIA. De acuerdo al dictamen del fiscal fallecido, el Gobierno montó una diplomacia paralela para beneficiar a Teherán a cambio de acuerdos comerciales que posibiliten el ingreso de dólares a la economía argentina. La presentación fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita. Rafecas entendió que no existe delito y puso un freno. Ahora el expediente quedará en manos de la Cámara Federal.
Rafecas aseguró que escribió el fallo en persona y que "asombrosamente" trabajó "en una espasmosa tranquilidad". "Nadie, ni de un lado ni de otro, se ha acercado para hacer sugerencias, presiones o lo que fuere; trabajé absolutamente a conciencia y estoy convencido de que lo que firmé es lo que hay que hacer desde la perspectiva de la ley y el derecho", resaltó.
Además de Cristina Kirchner, también fueron beneficiados con la decisión judicial el canciller Héctor Timerman, el piquetero Luis D'Elía, el diputado Andrés Larroque y el militante de Quebracho Fernando Esteche. Todos ellos habían sido señalados como parte de las negociaciones secretas con Teherán.
Nisman había señalado al tratado con Irán como parte de la operación del Gobierno para desvincular a los sospechosos de la causa principal por la voladura de la mutual judía. Rafecas no encontró pruebas que ratificaron esa presunción. "La futura entrada en vigor del tratado de ninguna manera tenía que poner en riesgo el estatus de las órdenes de captura y el único que puede hacer eso es el juez de la causa", recordó.
Y ahondó: "Esto fue refrendado por el secretario general de Interpol en tres oportunidades ante consultas públicas; está confirmado por toda la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores antes, durante y después (de la firma del tratado), las órdenes de captura nunca estuvieron en peligro. El gobierno argentino siempre fue muy firme y consistente en defender las órdenes de captura".