El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el presidente Javier Milei ordenó la desclasificación de todos los documentos oficiales que contengan información sobre los nazis que se refugiaron en Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. La decisión se tomó luego de una reunión entre el mandatario y el senador estadounidense Steve Daines, quien desde hace años impulsa la apertura de esta documentación. "Nazis que vinieron a guarecerse en la Argentina y que durante muchos años fueron protegidos", explicó Francos en una entrevista con el periodista Alfredo Leuco en el canal DNEWS.
Según trascendió, la orden incluye documentos referidos a operaciones bancarias y financieras, así como archivos conservados por el Ministerio de Defensa. "El presidente Milei dio la instrucción de liberar toda la documentación que exista en cualquier organismo del Estado, porque no hay motivo para seguir resguardando esa información", detalló el jefe de Gabinete.
El anuncio se produjo en un contexto de apertura de archivos secretos por parte del Gobierno. Horas antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado la desclasificación de la información sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. El anuncio de la desclasificación de documentos sobre la dictadura se realizó en el marco del 49° aniversario del golpe cívico-militar encabezado por Jorge Rafael Videla.
Según Adorni, la medida implica el traspaso de archivos que estaban en manos de la ex SIDE al Archivo General de la Nación, con el fin de garantizar su acceso público. "Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta", sostuvo.
El Gobierno de Milei argumenta que estos documentos fueron utilizados como "un botín de guerra" y que ahora estarán "al servicio de la memoria y no de la manipulación política". El presidente considera que la Argentina debe avanzar en la apertura de archivos, como lo han hecho otros países. "Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los de inteligencia", afirmó Adorni.
Si bien en 2010 Cristina Fernández de Kirchner había dispuesto por decreto la desclasificación de información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas, el vocero presidencial afirmó que "nunca fue implementado completamente". Otro de los anuncios realizados por el Gobierno fue la decisión de declarar crimen de lesa humanidad el asesinato de la familia del capitán Humberto Viola, perpetrado por el ERP en 1974.
Adorni recordó que en 2008 la justicia argentina rechazó reabrir la causa argumentando que no se trataba de un delito de lesa humanidad. En 2016, la viuda de Viola apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia internacional. Según explicó el vocero presidencial, la gestión de Milei revirtió la postura de gobiernos anteriores, llegando a un acuerdo histórico con la familia Viola.
Para operativizar la decisión, el presidente instruyó a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería para que establezca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad. Además, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad de estos delitos.
Mientras tanto, la Secretaría de Derechos Humanos ha sufrido un drástico recorte. Desde el 10 de diciembre de 2023, la planta de trabajadores se redujo en un 60%, pasando de 1005 a 400 empleados. Además, el Ministerio de Justicia dispuso el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, que dependía de la CONADI y se encargaba de investigar la apropiación de menores durante la dictadura militar.
El anuncio de la desclasificación de archivos generó reacciones en distintos sectores políticos y sociales. Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición, en particular el kirchnerismo y la izquierda, cuestionaron las decisiones del Gobierno. En paralelo, el oficialismo publicó un video institucional con Agustín Laje, quien relativizó la cifra de 30.000 desaparecidos y acusó al kirchnerismo de haber "hecho negocios con los derechos humanos". En una entrevista con Radio Rivadavia, Laje declaró: "No podemos acomodar la historia a un relato creado para apuntalar un proyecto político".