09 Julio de 2021 10:05
Las autoridades de Bolivia denunciaron el jueves que el gobierno de Mauricio Macri otorgó de manera clandestina supuesto "material bélico" al régimen de Jeanine Añez para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales. La información fue difundida por el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno de Juntos por el Cambio proporcionó a Añez.
Además, Mayta recordó que la represión de 2019 tuvo su punto máximo en las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata". "Mauricio Macri proveyó por debajo 'material bélico' al régimen de facto de Jeanine Añez en 2019 para reprimir la protesta social y consolidarse en el gobierno por la fuerza", dijo a través de su cuenta de Twitter y advirtió: "Las masacres de Sacaba y Senkata no pueden quedar en la impunidad".
El mensaje del canciller estuvo acompañado por la publicación de una nota de un militar boliviano a la embajada argentina, con fecha del 13 de noviembre de 2019, en la que se da por recibido el material y se adjunta un detalle del envío. Desde el gobierno nacional detallaron que el presidente Alberto Fernández está encabezando la pesquisa para determinar cómo salió del país ese armamento hacia Bolivia.
Por su parte, en Bolivia se está investigando el delito de sedición, razón por la cual Macri podría ser involucrado como participe necesario del Golpe de Estado a raíz de esta denuncia. En la carta remitida al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, le dijo que le "agradecía" la "colaboración prestada a esta institución armada".
El propio Terceros Lara, resalta que la colaboración del gobierno de Macri se dio "en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia". El militar describió que "se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos: 40 mil cartuchos AT12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 19 granadas de gas CS, y 52 granadas de gas HC".
Por las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, donde hubo una veintena de muertos, Áñez deberá declarar ante la Justicia de Bolivia este mismo viernes. A raíz de esta información, el presidente argentino lamentó la "colaboración" de Macri con las fuerzas militares de Bolivia que en 2019 perpetraron el golpe de Estado contra Morales, y dijo sentir "dolor" y "vergüenza".
A través de una carta enviada su colega Luis Arce, Fernández pidió disculpas en nombre del "pueblo argentino" después de que "se constatara" en el vecino país que desde Argentina "se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fueras sediciosas contra la población boliviana en esos días".
En su mensaje, el jefe de Estado resaltó: "Me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento, por medio de la publicación de la nota remitida por autoridades militares bolivianas el 15 de noviembre de 2019 al entonces Embajador argentino en su país, Normando Álvarez García, de la colaboración del Gobierno del Presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el Golpe de Estado contra el Gobierno Constitucional del presidente Evo Morales".
Y sumó: "Quiero en primer lugar pedirle disculpas a su gobierno y a su pueblo en nombre del pueblo argentino. Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces Presidente Mauricio Macri....".
De acuerdo con Fernández, los hechos ya están siendo "analizados por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". "Guardo para tranquilidad de mi conciencia, haber hecho cuanto antes estuvo a mi alcance para preservar la vida de Evo Morales, Álvaro García Linera y muchos otros hermanos bolivianos asediados por los golpistas", concluyó.
En simultáneo, el Presidente boliviano dijo en redes sociales que repudia "el apoyo del gobierno del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, al Golpe de Estado que vivimos el año 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia". "El envío de material bélico para reprimir al pueblo boliviano contraviene las normas internacionales", sostuvo Arce.
Y afirmó: "Ratificamos nuestros lazos de hermandad con el pueblo argentino, y reconocemos la solidaridad y el apoyo del hermano presidente Alberto Fernández al pueblo boliviano, así como su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia". Mayta describió que "el Gobierno de Macri le dio a las fuerzas armadas bolivianas munición para reprimir las protestas del 2019; días después de este hecho se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata".
Tras la denuncia del gobierno boliviano, el Ministerio de Seguridad de la Nación pidió informes a los jefes de las cuatro fuerzas federales que "permitan establecer o no las posibles responsabilidades en los hechos". Con el objetivo de llevar adelante una "profunda investigación" que otorgue certezas en torno a la cantidad y el tipo de material que se podría haber enviado al país vecino, Sabrina Frederic exigió que los informes sean "entregados en un plazo máximo de 72 horas".
Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló este viernes que el avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) que transportó en 2019 material bélico a Bolivia salió desde el aeropuerto de El Palomar y adelantó que su cartera va a coordinar con la de Seguridad para realizar la denuncia pertinente.
"Ayer por la noche se constató que el avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea, donde se transportó el material bélico, había salido desde El Palomar. El material bélico que llegó a Bolivia no tiene ningún soporte legal", aseguró Rossi esta mañana en declaraciones formuladas a las radios 10 y Del Plata.
El descargo de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad
La ex ministra de Seguridad y titular del PRO se desligó de la denuncia de parte del Gobierno de Bolivia y señaló que "nunca" había pasado por sus "manos" un "pedido de material para la Fuerza Aérea Boliviana". "Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana", sostuvo Patricia Bullrich en sus redes sociales.
En su publicación, Bullrich declaró que "se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente (Alberto) Fernández" y sostuvo que "se ayudó a los funcionarios de Evo Morales" y "se resguardó la Embajada Argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes". Además, la ex funcionaria dijo que el rol de Gendarmería fue "acompañar hasta la frontera" a "periodistas argentinos que estaban en peligro y a funcionarios del gobierno boliviano" y que "la llegada de los gendarmes argentinos en un avión Hércules" fue pública y se "transmitió en directo por todos los medios".
La acusación de parte de Bolivia fue hecha el 1 de julio por un grupo de 20 personas entre víctimas y familiares de aquellos episodios. Las masacres ocurrieron después de que Añez ordenara la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones populares en favor de Morales.
Los hechos se produjeron el 15 de noviembre de 2019 "cuando una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves", informó La Razón, de Bolivia.
El mismo medio recordó que "cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos". Según un informe de la Defensoría del Pueblo, con reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron por impactos de balas.
En esa ocasión el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, desligó responsabilidades de las fuerzas y dijo que los movilizados se mataron entre sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron masacres. Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso Golpe de Estado.
