25 Septiembre de 2018 13:52
El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria, en la causa de los cuadernos, a los de los principales empresarios más importantes del país: el CEO de Techint, Paolo Rocca, el ahora dueño de IECSA y player del sector energético, Marcelo Mindlin.
Rocca tendrá que presentarse al juzgado el 16 de octubre y Mindlin el día siguiente. Por esta causa, que se inició gracias a los cuadernos que registró el ex chófer Oscar Centeno, se encuentra procesada con prisión preventiva y un pedido de desafuero la ex presidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner.
Para Bonadio la ex presidente fue la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a recaudar dinero desde su cargo de presidente a través de varios mecanismos: el principal los pagos de sobornos por parte de las empresas dedicadas a la obra pública. El juez, luego de contar con la aprobación del Senado, allanó los domicilios de la ex presidenta: un departamento en la Recoleta, una casa en Río Gallegos y otra en El Calafate. Como es obvio no se encontró dinero de las coimas, pese a lo cual el juez ordenó durante el fin de semana anterior excavaciones en una estancio de Lázaro Báez, sin resultados positivos.
El 29 de agosto el juez ordenó una nueva ronda de indagatorias de ex funcionarios y empresarios. La novedad es que también llamó a declarar a ex dirigentes de La Cámpora, trámite que aún no se concretó. La rueda terminó con Cristina Kirchner, quien declaró el 3 de septiembre.
El dato llamativo de esa citación es que al comienzo el juez dice que "distintos empresarios han manifestado expresamente que el sistema de recaudación ilegal de retornos impulsado por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal comenzó entre el año 2003 y 2004, que esas mismas circunstancias temporales fueron confirmadas en indagatorias también tomadas en este Tribunal".
Uno de los arrepentidos que aportó datos importantes fue Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que mencionó a varias empresas en el circuito de las coimas. Habló de un sistema que empezó en 2003 de un sistema de cartelización y reparto de obra pública en base al pago de coimas, del que ya en 2004 participaba Iecsa. En ese entonces, la firma no estaba a nombre de Ángelo Calcaterra sino de la familia Macri.
El otro testimonio clave es el del financista Ernesto Clarens quien aportó un pendrive con datos sobre las empresas que pagaban sobornos y las funciones que cumplían José López y otros ex funcionarios en el sistema. Dijo además que la ex presidenta era la que daba el visto bueno para los pagos delas obras.
