por Gonzalo Prado
05 Marzo de 2019 14:05
El Gobierno, aunque lo niegue, sabe que la causa de los cuadernos de la corrupción K que llevan adelante el juez federal Claudio Bonadio y los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo tiene una implicancia directa en los dos electorados que Cambiemos busca interpelar de cara a las elecciones presidenciales: el propio y el descontento con Cambiemos pero también con el peronismo.
El juez a cargo de la causa de los cuadernos, Claudio Bonadio.
Por este motivo es que la investigación que tiene a su cargo el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, muy vinculado al kirchnerismo, tiene una trascendencia especial ya que apunta a la sospecha de que varios de los empresarios que declararon como arrepentidos en la causa de los cuadernos, y que relataron cómo funcionaba un sistema de recaudación ilegal con la obra pública, lo hicieron bajo amenaza e incluso habrían sido extorsionados.
El fiscal federal acusado de extorsión, Carlos Stornelli.
Al margen de las críticas y defensas mediáticas que tiene Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura volvió a tener movimiento, la semana pasada, con un expediente en donde es investigado por excederse en sus competencias como magistrado federal. La denuncia fue presentada por el abogado que defiende a la familia a cargo de la empresa de cosméticos Distrizub S.A que era investigada por evasión fiscal en 2015 por el monto de $4 millones.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
La causa, que se encontraba radicada en el juzgado de Ramos Padilla, se tendría que haber dado por terminada luego de que los dueños de la empresa, con vinculaciones con el radicalismo, se acogieron al blanqueo de capitales. Uno de los artículos de dicha ley establece que cuando las personas físicas o jurídicas se adhieren al blanqueo se extingue toda acción penal en su contra por evasión.
De acuerdo a las actuaciones administrativas llevadas a cabo con posterioridad por la autoridad tributaria, la modalidad de evasión consistiría en no declarar todas sus operaciones comerciales y registrar solamente la mitad de sus negocios, además de tener un circuito marginal de ventas. Asimismo, sólo registraría a la mitad de sus empleados en relación de dependencia y, en el caso de los trabajadores efectivamente registrados, la empresa sólo les abonaría “en blanco” el 50% de sus haberes laborales, evitando de esta manera el pago correspondiente a los aportes y contribuciones de la seguridad social.
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Al igual que otras firmas del rubro, la particularidad en la comercialización de los productos cosméticos GIGOT se lleva a cabo en viviendas particulares mediante el sistema de revendedoras, situación que favorece la existencia de ventas no declaradas. En este sentido, la denuncia anónima recibida por la AFIP detalla que los proveedores de Distrizub sólo otorgarían comprobantes fiscales por el 50 por ciento del saldo efectivamente percibido, dinero en efectivo que se abonaría en contravención a la ley 25.345. Además, la firma tendría en varios lugares del país a distintos gerentes zonales, quienes serían los encargados de mantener reuniones diarias en las que recaudaron aproximadamente $60.000 como consecuencia de las ventas de productos que la firma ofrece y que serían entregados por las vendedoras.
Luego de que los dueños de la empresa adhirieron al blanqueo de capitales Ramos Padilla ordenó igual una serie de allanamientos amparado en que uno de los miembros de esa familia no estaba dentro del blanqueo. Es por ese motivo que fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura en donde tiene otros expedientes en trámite. En este puntualmente el diputado nacional de Cambiemos y miembro del Consejo, Pablo Tonelli, solicitó el miércoles que se le solicite más información del expediente a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.
El diputado nacioal Pablo Tonelli quien solicitó nuevos requerimientos.
Menos de 24 horas después que realizó ese pedido ante la comisión de Disciplina y Acusación en el plenario del Consejo se vivieron momentos de tensión por el expediente debido a que los miembros vinculados al kirchnerismo y al peronismo denunciaron que se trató de una maniobra para que el Gobierno se meta de lleno en una causa que, de comprobarse, generaría una serie de recusaciones que la pondría virtualmente en la nada.
Fuentes no políticas del Consejo consultadas por Big Bang expresaron que la denuncia contra Ramos Padilla no debe ser vinculada con la causa de extorsión, ni ser considerada como una respuesta a la misma.
