11 Mayo de 2015 07:48
La discusión en torno a la reinserción de ex convictos en la sociedad sumó un nuevo capítulo. La legisladora porteña del Frente Para la Victoria propuso que los organismos públicos de la ciudad de Buenos Aires reserven un cupo mínimo del 3% de los puestos de trabajo existentes para las personas liberadas con el objetivo de garantizar la reinserción laboral de los excarcelados, que tengan salidas transitorias o libertad condicional.
El proyecto vuelve a poner el eje de atención sobre la reforma del Código Procesal Penal aprobado en Diputados que reemplazó el sistema inquisitivo por otro acusatorio y estableció en un máximo de tres años el tiempo para resolver sobre una causa.
La iniciativa contempla a condenados que hubieran cumplido total o parcialmente su pena, cuya ejecución se hubiera quedado en suspenso y quienes pudieren acceder a salidas transitorias, semi-libertad, libertad condicional o asistida. También incluirá procesados con prisión preventiva excarcelados que aleguen sufrir la imposibilidad de acceder a un trabajo por su situación judicial y aquellos incorporados al régimen de salidas transitorias o semilibertad desocupados.
Para Rachid esta inclusión representa una “readaptación social” de las personas que cometieron delitos que deben lidiar, según describió en su propio presentación, con “el estigma del antecedente penal”.
CFK y la autora del polémico proyecto
La ley prevé un régimen de incentivos impositivos para empleadores que contraten a las personas abarcadas en el proyecto. Tendrán la capacidad de imputar el equivalente al 50% de las remuneraciones netas que las personas empleadas perciban como pago a cuenta del impuesto sobre Ingresos Brutos.
