La decisión de los miembros de la Corte Suprema de ungir como presidente a Horacio Rosatti trae aparejado detrás una elección con un lado B del que poco se habló. El coletazo interno que significó en 2018 la salida de Ricardo Lorenzetti como presidente del máximo tribunal y su reemplazo por Carlos Rosenkrantz terminó en un operativo de “vaciamiento de poder” de esa figura.
Las y negociaciones en los meses que siguieron a la maniobra que tuvo a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón como actor principal, terminaron en una decisión que hacía mucho tiempo que la Corte no tomaba. La mayoría peronista, como se definió al trio compuesto por Lorenzetti, Rosatti y Juan Carlos Maqueda, logró imponer su voluntad de que todas las decisiones administrativas de peso dentro del máximo tribunal sean necesarias sacarlas por consenso, por votación.
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Durante los más de 10 años de presidencia de Lorenzetti, la cabeza de la Corte Suprema tenía amplias facultadas para decidir diferentes ejes del día a día del máximo tribunal. Desde el destino de varios recursos económicos, hasta el manejo del Centro de Información Judicial (CIJ), conocido como el organismo de prensa y difusión de la Corte.
En concreto, en ese entonces, se resolvió reducir la capacidad de decisión del presidente en relación a asuntos referidos a su rol como superintendente, las designaciones, renovaciones de contratos y renuncias de empleados de la misma Corte.
Todas las decisiones de administración, nombramientos del personal de la Corte y del resto del poder judicial, y todo tipo de decisión de superintendencia necesitará del apoyo de una mayoría del máximo tribunal, es decir, de tres ministros, sea o no el presidente uno de ellos. En definitiva, el titular de la CSJN mantendrá el control sobre los temas protocolares y sobre los casos en los que se involucrará el máximo tribunal. Asimismo, por unanimidad, se ratificó la política de administración, presupuesto, y el fondo anticíclico.
Pero no sólo eso, cuando se dio esa situación, Lorenzetti logró mantener en el cargo al Secretario General Administrativo de la Corte, Héctor Marchi, rafaelino como “El Mono” Lorenzetti y amigo de la infancia del mismo.
Pero Marchi cumplió también otra faceta. Obsesionado con la independencia financiera de la Corte, Lorenzetti se encargó de llevar adelante un fuerte control de los gastos desde 2008 en adelante. En las cuentas del Poder Judicial se registra un superávit de cerca de $20.000 millones que equivale aproximadamente a cuatro años de gastos. Esto también fue denunciado por Elisa “Lilita” Carrió acompañada por los diputados nacionales Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López.
En Rafaela a Marchi lo recuerdan no sólo por sus vínculos con el presidente saliente de la Corte, sino además por su pasado como futbolista y su "mala relación" con el club más grande la la "Perla del Oeste", Atlético. En las calles de la ciudad santafesina incluso se rumorea que fue la ex exposa de Marchi quien comenzó a entablar una buena relación con Carrió.
La decisión de Lorenzetti de buscar acotar los poderes del presidente de la Corte Suprema en represalias por lo que sucedió con su salida. Hay quienes dicen que esa medida era complicada de ser revertida. ¿Por eso no quiso volver a intentar ser presidente Lorenzetti?
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Lo cierto es que en una votación muy cerrada, en la que ni Elena Higthon de Nolasco ni el mencionado Lorenzetti decidieron participar, Rosatti se vio en la obligación de votarse a sí mismo, algo que a muchos retrotrajo al 2000 cuando Julio Nazareno también se autovotó para mantenerse en la presidencia de la Corte.