03 Noviembre de 2017 15:12
La sorpresiva detención esta mañana del ex vicepresidente Amado Bodou fue consecuencia de una decisión llamativa del juez Ariel Lijo, quien decidió acusar al ex funcionario de jefe de una asociación ilícita, dedicada a cometer delitos mientras estuvo en el poder, en una causa donde lo investigaba por enriquecimiento ilícito. El giro del magistrado para ordenar el arresto del ex ministro sin haberlo indagado y menos procesado es lo que llamó la atención a varios abogados.
Días atrás, el fiscal Jorge Di Lello le había pedido al juez que intimara a Boudou para que justificara la procedencia de sus bienes. En los casos de enriquecimiento ilícito son los imputados quienes deben justificar la procedencia de su bienes, ya que se invierte la carga de la prueba. Es el ex funcionario el debe probar su inocencia.
El pedido del fiscal surgió luego de que finalizara una pericia realizado por expertos de la Corte en el cual encontraron algunas inconsistencias. Por eso Di Lello sostuvo que de la primera lectura del peritaje se advierten “registraciones globales, discrepancias en las declaraciones patrimoniales, obligaciones tributarias presentadas fuera de término como acciones tendientes a desorientar la visualización de la situación patrimonial de personas físicas como jurídicas”.
El fiscal Jorge Di Lello pidió que Boudou justifique sus bienes.
El fiscal nunca pidió el arresto del ex vicepresidente, sino que le pidió a Lijo que pidiera al ex vicepresidente que justificara sus bienes. Sin embargo, el juez tomó otra medida, ya que se apartó del delito de enriquecimiento ilícito por la que venía siendo investigado y lo acusó de ser el jefe de una asociación ilícita.
En el escrito en el que ordenó su arresto, el juez sostuvo que “se les atribuirá a Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López, haber formado parte en una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, con miras a la obtención de beneficios económicos derivados de su actuación al margen de la ley, con un reparto de tareas de sus integrantes claramente establecido”.
Para el juez, “la asociación desarrolló sus designios criminales, por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Boudou asumió como Ministro de Economía y Finanzas de la Nación, hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como Vicepresidente de la Nación”.
Lijo había sido detenido esta misma semana ante el Consejo.
Según Lijo la estructura de la asociación estaba conformada, al menos, por Boudou, Núñez Carmona, López y Vandenbroele “quienes desplegaban distintos roles, con pleno conocimiento y coordinación de su accionar para cometer, entre otros,delitos graves de corrupción, valiéndose del alto cargo público que ocupaba el primero de los nombrados”.
“Puntualmente, para el funcionamiento de la asociación se distribuían los roles de actuación en razón de la calidad y posición que cada uno de ellos ostentaba.La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-, toda vez que su aporte primordial, en su condición de funcionario público, surgía a partir de las atribuciones que tales cargos le posibilitaban. Paralelamente, la actuación de José María Núñez Carmona se circunscribía al ámbito privado, en el cual realizaba todos aquellos actos que Boudou, justamente en razón de sus cargos públicos, no podía llevar a cabo”, escribió el juez.
Los hechos
Lijo enumera una serie de hechos que a su juicio explican cómo esta supuesta asociación ilícita funcionó mientras Boudou ocupó cargos públicos. Así se refiere a la compra de una flota de autos de alta gama para el Ministerio de Economía, la venta irregular de la imprenta Ciccone -por la cual está siendo juzgado- y el refinanciamiento de la deuda de la provincia de La Rioja. Y con esa relación considera fundada la figura de asociación ilícita.
Un antecedente que no se debe pasar por algo. Esta misma semana, Lijo había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber supuestamente cajoneado causas en delitos de corrupción contra ex funcionarios. La denuncia fue realizada por dos ONGs integradas por abogados de Cambiemos y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, integrado por los estudios más tradicionales que asesoran a las grandes empresas.
"Consideramos indispensable que el Consejo de la Magistratura confirme si las causas enunciadas se encuentran en la situación de demora descripta, y en su caso adopte los recaudos para que brinde la información complementaria. De no obtener respuesta, deberían aplicarse las medidas disciplinarias que correspondieren", decía el texto de la denuncia presentada el martes. El viernes ordenó el arresto de Boudou.
