Tras la captura de José López, el ex secretario de Obras Públicas del kichnerismo, tratando de esconder casi US$ 9 millones, volvió a ponerse en el tapete la necesidad de que se promulgue la Ley del Arrepentido. Sobre todo en lo que refiere a los delitos contra la administración de pública, donde existe aún un vacío legal.
La detención de López podría complicar a más funcionarios kichneristas.
El éxito de esta ley en Brasil pone en relevancia la necesidad de la implementación a nivel local. Pese a que fue impulsada desde el oficialismo, la ley se hace esperar.
Esta mañana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el oficialismo está redactando un proyecto de norma sobre la figura de arrepentido, que ya se encuentra vigente para casos de narcotráfico, secuestros extorsivos, terrorismo, trata de personas y lavado de dinero.
Marcos Peña puso en duda el consenso parlamentario para la ley del arrepentido.
"Tiene que avanzar en el debate parlamentario", afirmó Peña en una entrevista con radio Nacional."Estamos terminando un proyecto y se va a enviar al Congreso. Se está trabajando. Todavía no está listo. No sabemos si hay un consenso parlamentario", remarcó el jefe de Gabinete. Lo cierto es que estas declaraciones no hacen más que confirmar que aún hay muchas idas y vueltas en torno al proyecto y su promulgación.
La legislación existente no prevé que los ex funcionarios puedan acogerse a esa figura y así comenzar a desentrañar supuestos casos de corrupción durante el gobierno kichnerista a cambio de una reducción de condena.
El gobierno kichnerista tambalea ante la posibilidad de que se vete la Ley del Arrepentido.
No son pocos los que especulan con que la no ampliación de esta ley esta directamente relacionada con la cantidad de empresarios que podrían quedar involucrados con hechos de corrupción durante el gobierno de Cristina Kirchner .
"Lo que pasó ayer en lo político termina una discusión de si hubo corrupción o no en la obra pública", concluyó Peña.