Le soltaron la mano
07 Abril de 2025 12:25
El caso de Manuel García-Mansilla, juez de la Corte Suprema nombrado por decreto por el presidente Javier Milei, se convirtió en un verdadero laberinto político y judicial. Lo que comenzó como una apuesta audaz y truculenta del gobierno libertario para reformar el máximo tribunal del país, hoy parece más una tragicomedia que una estrategia institucional. Ahora se conoció el dato que muchos esperaban: el magistrado terminó presentando su renuncia.
La historia comenzó en febrero, cuando Milei decidió sumar a García-Mansilla como cuarto miembro de la Corte Suprema. La decisión se materializó mediante un decreto presidencial que prescindió de consenso político y de dictamen de comisión en el Senado. En un acto solemne, aunque incómodo, García-Mansilla juró junto a los otros integrantes de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El nombramiento en comisión, una figura legal que permite designaciones temporales sin aprobación legislativa inmediata, fue el eje central de la controversia. Aunque constitucionalmente válida en ciertos casos, su uso en este contexto hizo poner el grito en el cielo en todos y cada uno de los sectores políticos nacionales que acusaron al gobierno de Milei de ignorar las formalidades democráticas.
La primera gran adversidad llegó apenas un mes después. Con 51 votos en contra sobre 72 posibles, el Senado rechazó categóricamente el pliego de García-Mansilla. En una rara muestra de unidad política, partidos de todas las orientaciones ideológicas -kirchneristas, macristas, radicalistas e incluso sectores libertarios- se unieron para bloquear su designación.
Ahora, García Mansilla volvió a sus contradicciones: decir que "nunca" asumiría un cargo por decreto -algo que terminó sucediendo cuando Milei levantó el dedo y lo eligió- ahora presentó su renuncia aunque días atrás explicó que lo único que podría sacarlo de su banca era un juicio político.
Cautelar judicial y per saltum: dos caras de una moneda
Como si el rechazo legislativo no fuera suficiente, una medida cautelar dictada por el juez Alejo Ramos Padilla añadió otra capa de complejidad al caso. La cautelar prohibió a García-Mansilla ejercer sus funciones como juez de la Corte durante tres meses, argumentando que su nombramiento adolece de irregularidades legales. Este fallo dejó al magistrado en un limbo jurídico y acentuó la percepción de que su designación estaba más cerca de la improvisación que de una estrategia institucional sólida.
En este contexto, García-Mansilla quedó atrapado entre dos frentes adversos: el rechazo político y la indiferencia judicial. Aunque sus colegas en la Corte valoran su formación académica, ninguno pareció dispuesto a respaldarlo públicamente.
Frente al panorama adverso, el gobierno de Milei decidió jugar una última carta para intentar salvar al juez que, en las evidencias, no resultó una jugada acertada políticamente. A través del procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, presentó un recurso extraordinario ante la propia Corte Suprema para suspender los efectos de la cautelar y defender la constitucionalidad del decreto presidencial. Este recurso, conocido como per saltum, buscó declarar expresamente la vigencia de la designación "en comisión" de García-Mansilla que finalmente no pudo.
La estrategia tenía todos los ingredientes de una jugada desesperada: apelar directamente al máximo tribunal para ganar tiempo mientras se busca una solución política que parece cada vez más lejana.
Según fuentes oficiales, el recurso argumenta que la figura del nombramiento en comisión es válida y que el magistrado debería permanecer en su cargo hasta el final del período legislativo ordinario, tarea que finalmente quedó nula tras la presentación de la renuncia del magistrado.
En los pasillos del Palacio de Justicia, donde reinan los dimes y diretes, hay una sola certeza y esa es la renuncia de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema que volverá a funcionar como hace sólo un mes, con tres representantes.
