09 Marzo de 2017 05:50
El Gobierno buscará modificar la ley de fueros. Así, pretenden eliminar el requisito que tienen los jueces de contar con la autorización de las Cámaras para allanar domicilios u oficinas de los legisladores. La iniciativa será tratada en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El caso del ex ministro y diputado por el Frente para la Victoria, Julio De Vido.
El objetivo es modificar un párrafo que indica que los jueces deben pedir autorización para llevar a cabo allanamientos a funcionarios que invoquen los fueros. El próximo martes 21 será el primer debate parlamentario del proyecto que impulsa el oficialismo. El ejemplo de De Vido sobrevuela el proyecto, ya que el diputado apeló a los fueros para postergar un allanamiento en una de sus propiedades.
De Vido logró que se postergara casi dos meses un allanamiento por enriquecimiento ilícito.
El caso del ex ministro de Planificación ocurrió en abril del año pasado. El operativo había sido ordenado en el expediente en el que es investigado por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, De Vido apeló a los fueros y se postergó cerca de dos meses: recién se concretó en junio.
La efectividad de ese tipo de allanamientos es la sorpresa. Sin embargo, el diputado K presentó el recurso y la Cámara emitió la autorización tiempo después. Por eso, Cambiemos busca suprimir de la ley de fueros el párrafo que hace referencia concreta a las autorizaciones.
Según el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, “es un exceso reglamentario que dificulta las investigaciones”. El diputado de Cambiemos señaló a Clarín que “un legislador debe poder ser allanado como cualquier hijo de vecino”. A excepción del Frente para la Victoria, que rechazaría la propuesta, el resto de los bloques acordaría con la iniciativa.
Según Tonelli, "es un exceso reglamentario" el pedido de autorizaciones.
Tiempo atrás, la diputada por el Frente Renovador Graciela Camaño había propuesto una reforma similar, aunque con una diferencia: una vez dictada la orden de allanar, el magistrado que la emita debe comunicar al presidente de la Cámara - ya sea Diputados o Senado - con el objetivo de que esté informado antes que se concrete, bajo la obligación de guardar reserva.
En la iniciativa massista, además de los allanamientos incluyen la intercepción de correspondencia que pudiera recibir, así como también las comunicaciones de un diputado o senador. Se trata de dos ejes que están mencionados en la ley de fueros, sancionada en el 2000.
