16 Agosto de 2018 09:46
El Gobierno ya tiene un plan B por si no consigue lograr que el Senado apruebe la ley de extinción de dominio para decomisar los bienes que hayan sido conseguido con dinero negro, ya sea de la corrupción estatal o del narcotráfico: modificar la ley de decomiso en el nuevo proyecto de Código Penal.
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El proyecto será presentado el martes por el presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el titular de la comisión encargada de la reforma del Código, el camarista Mariano Borinsky. El cambio sustancial que se plasmó es que se podrá llevar adelante el decomiso de los bienes de las personas investigadas al principio de la investigación judicial .
El presidente de la comisión para reforma el Código Penal, el camarista Mariano Borinsky.
“El cuidado, la conservación y el destino del dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activo afectados por las medidas cautelares del párrafo anterior se ajustará a lo que disponga la normativa correspondiente. Sin embargo, el tribunal podrá disponer su venta en subasta o procedimiento aplicable si se tratase de productos perecederos o depreciables, si su cuidado o administración fuesen complejos o costosos, o en cualquier otra situación en la que resultase conveniente. El producto será depositado en la forma que mejor preserve su valor. Si finalmente no se dispusiera el decomiso, el depósito será entregado al interesado”, sostiene el Artículo 24 inciso primero del nuevo proyecto.
Salvo los casos que se trate de bienes que tengan un valor cultural, como algunas obras de arte que podrán ser expuestas en museos o donadas a diversas fundaciones, el nuevo Código establece que el decomiso siempre se “dispondrá a favor del Estado Nacional o local” dependiendo si los delitos se cometieron contra el Ejecutivo nacional, el provincial o el municipal.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, junto al presidente Mauricio Macri.
Si llega a existir un tercero involucrado, la norma establece que tendrán derechos a ser oídos para no ser perjudicados directamente.
¿Cuál es la diferencia con la ley que todavía no se aprobó en el Senado?
La extinción de dominio, de acuerdo con el proyecto que envió Cambiemos al Congreso, plantea que el Estado tendrá acceso a esos bienes mal habidos de forma automática, “distinta e independiente de la persecución y responsabilidad penal”.
