El tema de la inmigración siempre fue polémico, especialmente el relacionado con ciertos países Latinoamericanos, pero desde hace un tiempo generó posiciones encontradas y hay un clima de creciente rechazo en gran parte de la sociedad. Los hechos relacionados con los manteros son un emergente de esa problemática, pero apenas una parte.
El 4,6% de la población es extranjera. En números absolutos, Argentina se posiciona 29 en el ranking mundial, según un estudio de las Naciones Unidas. La población de inmigrantes que vive en el país alcanzaba en 2015 a casi dos millones de personas.
En los episodios de Once se apuntó a indocumentados. Una variable mínima del conflicto.
"Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante: es eventualmente alguien que está escapando de la ley, o alguien con estado de inmigración que al mismo tiempo delinque", manifestó al respecto la canciller Susana Malcorra.
Malcorra afirma que hay que ajustar las leyes.
Sin embargo, aclaró que "No podemos volvernos un país cerrado, pero al mismo tiempo tenemos que ser responsables de que acogemos a aquellos que vienen a la Argentina a ser parte de un proyecto con buena voluntad". "¿Qué se entiende por 'buena voluntad'? Esas cuestiones son las que la ley, o la revisión de la ley va a tratar de ajustar", deslizó sin dar precisiones Malcorra al diario Clarín.
Muchos piden más controles.
En el seno del Gobierno se estarían estudiando medidas, pero hay marcadas diferencias respecto a su implementación. Por un lado, están los que opinan que debe presentarse un proyecto de ley o un decreto, mientras que un sector sostiene que alcanzaría con aplicar con firmeza la legislación vigente en ese sentido, cosa que no sucede.
Qué dicen las leyes
El inciso C del artículo 29 de la ley 25.871 de Migraciones fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido "condenado" o tenga "antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas, o por un delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más". Hay coincidencia general en que no se cumple ni si hace cumplir.
Las trabas
Su aplicación, afirman desde el Ejecutivo, permitiría depurar el ingreso y no harían falta leyes más duras. Pero existe un problema y es que es dificultoso obtener la información de los países de origen. Por otro lado, está el riesgo de generar roces diplomáticos.
"Con algunos, como Colombia, ya empezó a funcionar el intercambio de información migratoria, pero nos falta mucho", confiesan desde Migraciones. "La intención es avanzar en más acuerdos de cooperación para reunir esos datos y paralelamente acelerar los plazos de expulsión de los inmigrantes que cometen delitos".
Hoy con la industria de la apelación hay casos que tardan hasta ocho años, señalan y según los datos oficiales el porcentaje de extranjeros que delinquen es bajo, apenas el 6 por ciento de la población carcelaria.
La inmigración europea "refundó" a la Argentina.
"La Argentina tiene una de las leyes de inmigración mas permisivas del mundo", señaló Malcorra pero advirtió que "Al mundo le fue muy mal siendo xenófobo. No llegamos a ningún buen puerto con eso. No es que cualquiera puede entrar, pero tampoco podemos estigmatizar y cerrarnos, porque nuestro país es lo que es por los inmigrantes que vinieron".