23 Abril de 2017 13:12
El Gobierno trabaja en un proyecto junto a un sector del peronismo en el Senado para modificar el Código Penal y promover duras penas a quienes agredan o desobedezcan a integrantes de las fuerzas de seguridad. El castigo podría endurecerse si se actúa con el rostro cubierto.
El puntapié inicial fueron las últimas marchas y piquetes concretados contra el Gobierno. Desde enero, cuando un grupo de manteros mantuvo la zona de Once paralizada en rechazo a un desalojo por varios días, hasta los incidentes y posterior represión de la Gendarmería en la Panamericana el día del paro general del 6 de abril, las protestas no fueron pocas y provocaron grandes conflictos.
En el proyecto trabajan Garavano, Bullrich y los senadores Pichetto y Urtubey.
Según consigna el diario La Nación, la negociación entre el Gobierno y el peronismo no K avanza y la iniciativa podría ser presentada en el Senado, aunque no se sabe si la hará el propio Ejecutivo o si lo hará el bloque del PJ. Los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, elaboran el proyecto en diálogo con Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey.
Se busca una ley consensuada que permita disuadir las protestas, en lugar de avivar los temores que podría generar una represión para concretar el desalojo de un piquete. Destacan que no se busca “criminalizar la protesta, ni limitar o impedir el derecho a manifestarse”, aunque aclaran que se deberá hacer dentro de la legalidad.
El objetivo es modificar el Código Penal para endurecer las penas a los piqueteros.
El análisis que hacen es que existen protestas con reclamos genuinos y otras que tienen fines desestabilizadores. Entre los ejemplos destacan que el acto que hizo en marzo la CGT fue con autorización, a diferencia de otros cortes y piquetes en autopistas, rutas y avenidas centrales.
DURAS PENAS Y CASTIGO CON PRISIÓN
El objetivo del Ejecutivo está puesto en modificar el Código Penal para endurecer las penas a quienes intimiden o agredan a funcionarios públicos y a las fuerzas de seguridad que le presten asistencia. Las condenas podrían ser de cuatro a ocho años de cárcel si la agresión es en un contexto de piquete, si se usaran armas o palos, así como explosivos.
Este año hubo decenas de piquetes en la Capital Federal y los principales accesos a la Ciudad.
Un dato no menor es que las penas más elevadas se darían en caso de que un manifestante utilice un vehículo contra las fuerzas de seguridad, tal como ocurrió en la Panamericana el día del último paro. De seis meses a un año de prisión podrían recibir quienes desobedezcan órdenes de las fuerzas de seguridad, como podría ser el desalojo de un piquete u obstrucción en la vía pública.
Esa pena podría ser incluso de hasta tres años si se emplea la fuerza o la intimidación para resistir el orden. Y de dos a cuatro años de cárcel si se hace con el rostro tapado. No sólo incluye órdenes de las fuerzas de seguridad, sino también a jueces y fiscales.
Lo concreto es que esta iniciativa sin dudas le valdrá al Gobierno de Mauricio Macri varias críticas, principalmente de sectores de izquierda. El objetivo del presidente es evitar que se pueda cortar el espacio público e impedir el tránsito. Sin ir más lejos, en más de una ocasión instó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a que ordene a la Policía de la Ciudad que impida los cortes. Aunque la promesa era que desde enero se controlen, en los primeros tres meses del año hubo decenas de protestas que complicaron la circulación en distintos puntos de la Capital.
