La cifra es contundente: $63.000 millones. Ese es el costo que solamente en diciembre tendrá el operativo que ideó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para intentar contener la demanda social de cara al mes que la mayoría de los funcionarios de la Casa Rosada, pero no él, consideran como el más problemático.
Con el país en camino a una de las crisis económicas más profundas que se recuerden, con el PBI cayendo a un ritmo de 13%, y con las cuentas fiscales en un rojo que no da lugar a demasiada expansión del gasto, en el Gobierno decidieron duplicar la asistencia social para este mes en casi todos los planes vigentes.
Cerca de Arroyo admiten que la pandemia hizo que se rompa el histórico 70-30 en relación al porcentaje de los fondos que se destina para asistencialismo y para planes relacionados a la generación de empleo para pasar a un 80-20 en el mejor de los casos.
Junto con estas medidas, el próximo foco estará puesto de cara a marzo, mes que en la cartera que comanda Arroyo consideran el más complicado desde lo familiar. “Ahí es cuando entran además de los gastos de las vacaciones todo lo relacionado con la escolaridad”, sostienen. Como consecuencia de esto los diferentes estratos sociales se ven afectados y empiezan a ajustar sus gastos.
¿Cómo se llega a ese número? Principalmente porque en Desarrollo Social duplicaron el montó que reciben todos los planes sociales y de trabajo con diferentes serie de refuerzos.
La carga doble de la Tarjeta Alimentar, que se haría en diciembre (quienes hoy cobran $4.000 percibirán $8.000, y quienes hoy reciben $6.000 recibirán $12.000. La distribución de 1,7 millones de cajas navideñas. El plan Potenciar: Trabajo y Jóvenes Y el refuerzo de la Asignación Universal por Hijo.
Los $63.000 millones que se destinarán representan 2/3 de lo que costaba fiscalmente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que fue discontinuado por el Gobierno para empezar a cuidar más las cuentas fiscales. “Es lo que podemos hacer dentro de la realidad fiscal que tenemos”, sostuvo Arroyo en dialogo con BigBang en donde remarcó que sigue sosteniendo que se tienen que avanzar hacía un ingreso ciudadano universal pero que no es el momento para debatirlo por las consecuencias económicas que dejó la pandemia.
Sin embargo, la eliminación del IFE dejó algunas cuestiones que en el Gobierno tomaron para apuntar el lápiz. La gran mayoría de las personas que lo solicitaron tienen entre 18 y 29 años; es por eso que el plan Potenciar Jóvnes tendrá una centralidad total de cara al 2021. Arroyo explicó que una parte de la población que cobraba el IFE "logró reingresar en el mercado laboral", y detalló que "los que no pudieron son sobre todo jóvenes o quienes hacían changas”. En cuanto a los requisitos y beneficios de Potenciar expresó que "lo que tienen que hacer es presentar proyectos productivos, culturales o educativos, el Ministerio los financia con máquinas y herramientas para que puedan ponerlos en marcha y junto con eso les brinda una beca de 8500 pesos por mes”.
A Jóvenes se sumará el Potenciar Trabajar. “Queremos cambiar la lógica de plan social sin prestación. Nosotros nos vamos a hacer cargo de la mitad del salario mínimo ($9.400 por mes) para quien está dentro del potenciar trabaje cuatro horas por día en el sector privado o público. Si su empleador quiere extenderlo y que trabaje jornada completa, tendrá que completarle el salario”, explicó el ministro.
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Uno de los puntos claves que buscan en el Gobierno que se instale es que lo que más se cambien algunos párametros alimentarios. “Necesitamos que la gente empiece a comer mejor, que lo que compre con la tarjeta alimentar sea principalmente carnes, lácteos y verduras”, concluyó Arroyo.