Tal como lo había anunciado en su discurso en el Congreso, el presidente Alberto Fernández decretó la "desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación" relacionada con el atentado a la mutual judía AMIA existente en la Administración Pública Nacional, especialmente la proporcionada por la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
"Otórgase el carácter de público en los términos del inciso C del artículo 16 bis de la Ley (Nacional de Inteligencia) N° 25.520 y sus modificaciones, a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial", dice el decreto.En la disposición, que se publica hoy en el Boletín Oficial se recordaron los decretos de años anteriores por los cuales se resolvieron "diversas medidas para poner a disposición del órgano judicial correspondiente información de relevancia producida en diversas dependencias estatales sobre el atentado perpetrado contra la AMIA, en particular en la hoy denominada Agencia Federal de Inteligencia (AFI)".En ese sentido, Fernández dispuso, entre otros puntos, "declarar la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado" contra la mutual, "su encubrimiento y delitos conexos existente en todas las dependencias de la Administración Pública Nacional, incluyendo toda información tratada en resoluciones y decretos dictados oportunamente".
Desclasificación en 2015
Se recordó que en 2015 de dispuso la desclasificación de documentación identificada por la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la sede de la AMIA y se instruyó a la AFI a remitir a esa Unidad "toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados" a la causa. Luego, en 2017, se dispuso la desclasificación de material no alcanzado por la medida anterior.Pero se aclaró que pese a esos antecedentes persisten "diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información y a la verdad por parte de las víctimas y familiares del atentado".Tal situación "afecta a la sociedad en su conjunto ya que sin duda alguna existe una vinculación inescindible entre democracia, derechos humanos y verdad, que el Estado debe sostener en sus acciones", dijo el flamante decreto presidencial.Añadió que "el derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra" en el Estado.Mantener en secreto "información y documentación relativa al accionar de los organismos de inteligencia como así también de cualquier organismo vinculado a la investigación del atentado (...) resulta contrario a la búsqueda de la verdad", añadió.Por ello, "resulta imperioso comenzar un trabajo definitivo sobre la información relacionada al citado atentado y su encubrimiento", disponiendo medidas para "transparencia y publicidad" de esa información.