Si se cumplen todos los pronósticos y las especulaciones previas, la Cámara de Senadores convertirá hoy en ley el proyecto que deroga las leyes de cerrojo y pago soberano, para permitir al Gobierno cerrar un acuerdo con los fondos buitre.
El oficialismo contará con el respaldo de buena parte de los 39 senadores que integran el bloque PJ-FPV, además de aliados, alineados con los gobernadores peronistas. "Es el fin de una época", resumió un funcionario a BigBang.
La sesión especial fue pedida por el oficialismo y los cálculos más optimistas hablan de doce horas de debate.
El proyecto ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero el oficialismo tiene como objetivo alcanzar los dos tercios (necesita 48 votos si están sentados los 72 senadores) para convertir la aprobación en una victoria política.
En el Parlamento, fuentes del oficialismo y la oposición coinciden en que el proyecto "será aprobado sin inconvenientes" más allá de los votos a favor, en tanto las posiciones contrarias oscilan entre 19 y 21 senadores (19 kirchneristas, más Fernando "Pino" Solanas y la representante de la Coalición Cívica-ARI Magdalena Odarda, quien se anunció enferma).
Hasta el propio titular de la bancada de senador del FPV, Miguel Angel Pichetto, admitió que hasta Néstor Kirchner hubiera aprobado el acuerdo para pagar a los fondos.
En duda estaban los votos de los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, quienes durante el proceso de debate tuvieron posturas zigzagueantes, mientras que el gobernador Alberto Rodríguez Saá se expresó en contra del acuerdo.
Si el proyecto se aprueba sin modificaciones se convierte en ley, pero si alguno de los artículos es modificado volvería a Diputados, lo cual retrasaría un eventual acuerdo con los holdouts según los tiempos que plantea el gobierno nacional.
Una vez aprobada la ley y publicada en el Boletín Oficial -sería la primera desde la asunción de Mauricio Macri como presidente- comenzará una intensa tarea contra reloj, tanto para la colocación de bonos con opciones a 5, 10 y 30 años para obtener los 11.500 millones de dólares para cancelar el litigio en efectivo, como para sobrellevar los inconvenientes que podrían derivar de una audiencia convocada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York para el 13 de abril, 24 horas antes del plazo de pago.
Desde el Ministerio de Hacienda se minimizó el alcance de la audiencia, que consideran una formalidad, al tiempo que aseguraron que la fecha del 14 de abril puede ser modificada de común acuerdo entre las partes.