por Rafael Saralegui
03 Agosto de 2020 17:27
El escándalo que sacude al Departamento Judicial de San Isidro no da tregua, a medida que se conocen los alcances de la organización ilegal encabezada por un fiscal, de acuerdo con la acusación, y que se dedicaba a la extorsión, proteger narcotraficantes y usar la droga secuestrada para armar causas o ingresarla nuevamente en el mercado.
La investigación encabezada por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez derivó en una serie de allanamientos que se realizaron a fines de julio y que incluyeron la Fiscalía de Drogas Ilícitas, a cargo de Claudio Scapolán, quien la semana pasada fue suspendido en sus funciones por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Scapolán era antes el titular de la Fiscalía de Investigaciones Complejas de San Isidro y mano derecha de Julio Novo, ex fiscal general de San Isidro, y renunciado a su cargo luego de haber sido procesado acusado de brindar protección a acusados de narcotráfico en el distrito, en casos inclusive resonante como los crímenes del shopping Unicenter.
La causa a cargo del fiscal Domínguez tiene 48 imputados -además de Scapolán otros dos funcionarios de la fiscalía, 41 policías y tres abogados- como integrantes de una asociación ilícita que “se quedaba con droga secuestrada en procedimientos contra el narcotráfico y que luego la utilizaba para revenderla, “plantarla” y/o extorsionar a personas ligadas o no al tráfico de estupefacientes al menos entre los años 2012 y 2015 en los distritos bonaerenses de San Isidro, Morón y San Martín”, consignó la páginas Fiscales.
Cuando el fiscal Domínque le pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado el allanamiento de la fiscalía a cargo de Scapolán lo acusó de “formar parte de un perverso esquema de ejercicio de la acción penal”, que había sido puesta de manifiesto por dos tribunales orales que objetaron todas las irregularidades detectadas en causas instruidas por Scapolán.
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Además se lo señaló como “encubridor de diversas causas encaminadas a brindar impunidad a estamentos del poder local y asimismo encubrir graves hechos vinculados con el narcotráfico”, toda una paradoja si se considera que su fiscalía estaba especializada justamente en los casos de ventas de sustancias prohibidas.
Según la acusación del fiscal Domínguez, la banda actuaba de la siguiente forma:
El método criminal con el que operaban consistía fundamentalmente en la sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros;
la extorsión a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados;
la extorsión a personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales; e incluso, la detención de personas que no eran narcotraficantes a los fines meramente estadísticos para demostrar una supuesta eficacia en la materia;
todo ello, además de un sin número de otros delitos como lo son el cohecho, las falsedades instrumentales, el incumplimiento de deberes, el abuso de autoridad, etc.
La gravedad de las maniobras llevadas adelante por la banda incluyen el robo de un cargamento de casi media toneladas de cocaína que luego fue vendida por la banda en las localidades de la costa bonaerense y hasta el homicidio de un arrepentido que estaba colaborando en la pesquisa de la Justicia federal.
Un testigo de identidad protegida declaró que durante un procedimiento que luego fue anulado se había detenido a dos personas en la autopista del Buen Ayre con 481 kilos de cocaína, pero que allí mismo se llevaron casi otros 500 kilos que no fueron consignados en las actas oficiales.
“Esa alrededor de media tonelada de cocaína sustraída del procedimiento tiene un valor calculado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares y fue trasladada por ese mismo testigo del procedimiento a un local de Quilmes propiedad de un subteniente que trabajaba al mando de Magraner y Di Rosa (dos policías acusados). Dos días después, fue llevada a Santa Clara del Mar y desde allí fue distribuida para su comercialización en la costa bonaerense”, consignó la página del Ministerio Público.
Quizás lo más grave que consigna la imputación es el homicidio del “financista Diego Xavier Guastini, asesinado el 28 de octubre pasado en esa ciudad por un sicario que disparó tres veces; las balas atravesaron la ventanilla y la puerta de su automóvil Audi A4. Guastini era socio del financista desaparecido en 2015 Hugo Díaz. En los días previos a su ejecución, Guastini venía colaborando con información, en carácter de arrepentido, ante diferentes autoridades judiciales”.
Scapolán no fue detenido porque sus fueros lo protegen, aunque dos funcionarios de la fiscalía a su cargo, Maxilimiliano Iván Jarsich y Gustavo Sanvitale, fueron detenidos por orden de la jueza Arroyo Salgado. Las evidencias ubican al auto de Jarsich en el mismo lugar donde se produjo el robo de la cocaína en la autopista del Buen Ayre.
Antes de dejar su cargo en la gobernación bonaerense, María Eugenia Vidal, envió decenas de pliegos de candidatos a jueces y fiscales en la provincia. Al mencionado Jarsich lo había propuesto para ocupar una fiscalía en San Isidro. Su pliego, como los otros, no llegaron a tratarse.
