Nada fue casual
24 Marzo de 2024 10:31
El 24 de marzo de 1976 arrancó en la Argentina una de las etapas más oscuras de su rica y larga historia. Aquella madrugada, el gobierno de Isabel Perón fue derrocado por un golpe de Estado de superiores de la fuerza armada, dando comienzo a la dictadura cívico-militar que todos conocemos y que duró hasta 1983. En ese tiempo, más de 30 mil personas fueron desaparecidas, se realizaron un centenar de secuestros, privaciones ilegítimas de libertad y torturas en centros clandestinos.
También se apropiaron recién nacidos y hubo exilios forzados de miles de argentinos, entre ellos periodistas y conductores de televisión. Aquel 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla apareció por cadena nacional a las tres de la mañana, acompañado por el almirante Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Agosti, y anunció las primeras medidas que comenzaban a regir a partir de ese momento.
Entre ellas, el difunto ex miembro de la Junta Militar dispuso la caducidad de los mandatos de presidente de la Nación, de gobernadores y vicegobernadores, diputados e intendentes. Aquel violento golpe de Estado fue maquillado como un Proceso de Reorganización Nacional, con un programa de tres etapas fundamentales: orden institucional, revalorización de la autoridad y consolidación del proceso.
A partir de ahí, los medios sufrieron fuertes presiones que causaron silencios, obligados (provocado por el miedo) y voluntarios (con actitudes parciales y justificadoras), periodistas exiliados y desaparecidos, medios cómplices o tibiamente críticos, censura y autocensura, listas negras y, claro está, resistencias dignas.
La dictadura estuvo signada por una constante violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, muchos de los cuales aún siguen impunes, y un terrorismo de Estado que funcionó para el gobierno militar de facto como médula y ánimo social del Estado argentino. En aquellos días, la prensa gráfica se convirtió en un actor político y su función fue la construcción de representaciones sobre el plan represivo y sus consecuencias sociales.
La postura editorial y las estrategias comunicacionales puestas en práctica por el diario Clarín, matutino de mayor tirada a nivel nacional en aquella época, para abordar la cuestión de las violaciones a los derechos humanos fueron cambiando a través de los años, de acuerdo a la coyuntura política, al estado de las relaciones entre el matutino y los diferentes gobiernos y la necesidad de mantener el contrato de lectura con sus lectores.
Muchos medios estuvieron consecuentemente alineados con las sediciones y golpes de Estado: una ideología autoritaria y antidemocrática, instaurada sobre las grandes restricciones, impotencias e ineficiencias del Estado de Derecho que los mismos medios resaltaban en su discurso. Para muchos de estos medios, la democracia argentina era dilapidada por malos gobiernos elegidos por un pueblo "inmaduro", justificando la labor de los militares.
En simples palabras, el golpe no fue solamente militar, sino que tuvo cómplices eclesiásticos, civiles y empresariales. El periodista Rodolfo Walsh, opositor a la última dictadura cívico-militar, se dirigió en 1977, a través de su Carta Abierta, a la Junta Militar, al cumplirse el aniversario de su control sobre la nación. "Lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades", les dijo.
El 25 de marzo de 1977, al día siguiente, mientras repartía las primeras copias de la Carta abierta en buzones de la ciudad de Buenos Aires y se dirigía a una cita con un compañero -el cual había sido torturado en una mesa de torturas de la ESMA para revelar el lugar del encuentro-, Walsh fue emboscado, atacado y acribillado a balazos por un grupo de tareas, el cual se llevó su cuerpo moribundo y lo secuestró.
El papel jugado por los medios de comunicación, como sostén y portavoz de la ideología del terrorismo de Estado, también estaba regido por el miedo. A la eliminación de la crítica como elemento periodístico le siguió la del análisis político. Días antes de que se produzca el golpe de Estado, los principales diarios nacionales comenzaron a "preparar" la opinión pública haciendo principal foco en la inseguridad y ola de violencia en el país.
Establecer la idea de "caos" era lo que necesitaban los militares para tomar el control y "restablecer el orden", nada más lejos de la realidad. Algunos medios hicieron principal foco en la grave situación que atravesaba Líbano, afirmando que el gobierno de María Estela Martínez de Perón convertiría al país en el Beirut sudamericano.
Los diarios resaltaron la actitud "salvadora" de los militares y aclaraban que las desapariciones eran una consecuencia "no buscada" de esa supuesta guerra. Para legitimar su discurso, el gobierno militar remarcó que se estaba en una "guerra" en la que la subversión y la penetración marxista en todos los ámbitos de la sociedad eran los enemigos.
En aquella época, la Junta Militar estableció pautas en las que se debían basar los medios para transmitir la información: publicar informaciones chequeadas por fuentes y nunca de carácter sensacionalista; no entrar en campos que no son de debate público por el efecto sobre una audiencia que no está educada; prohibir la propaganda subliminal y eliminar la opinión de personas que no están calificadas para dar opinión sobre asuntos de interés público.
El comunicado Nº 19 de la Junta Militar estableció penas de 10 años de reclusión "al que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales". Los primeros días los oficiales de las FFAA leían todas las páginas salidas de las redacciones y el 3 de abril de 1976, los directores de medios fueron recibidos por Videla.
Luego, el 22 de abril, se vedó a los medios la impresión de informes o referencia sobre "episodios subversivos, hallazgo de cadáveres, secuestros, desapariciones, muertes de elementos sediciosos y asesinatos de militares, policías o agentes de seguridad, a menos que tales hechos constaran en partes oficiales".
Las normas impuestas por los militares obligaban a los medios a enviar un juego por triplicado de las pruebas de galeras de la edición a tirar, firmadas por el secretario de redacción o los responsables, a la Dirección de Difusión. Una de las copias era devuelta por el Jefe de Difusión con las correcciones necesarias. Las otras copias eran retenidas para hacer el análisis de censura posterior.
Claro está, las correcciones debían ser estrictamente respetadas y la única fuente sería en este caso la Secretaria de Prensa y Difusión (SEPYD). El 24 de marzo de 1976, La Nación habló de la inminencia del Golpe e hizo referencia al movimiento de tropas. Mientras que Clarín alcanzó a publicar el derrocamiento de Estela Martínez de Perón.
Al siguiente día, Clarín y La Nación titulaban: "Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno" y "Asumieron el Gobierno los tres Comandantes Generales", respectivamente. Los años siguientes estuvieron marcados por la complicidad y el silencio: desde el primer día de la asunción de la Junta Militar difundieron los beneficios que este cambio representaba para el país y se alinearon en defensa de su política, por ende de sus intereses.
"No hay sorpresas en la Nación ante la caída de un gobierno que estaba muerto mucho antes de su eliminación por vía de un cambio como el que se ha operado. En lugar de aquella sorpresa hay una enorme expectación", decía La Nación. Mientras que Clarín, el 22 de abril de 1976, publicó "El gobierno y los diarios: La censura a la prensa impuesta el 24 de marzo duró solo 36 horas".
Y agregó: "Desde entonces el progresivo retorno a la normalidad en todos los órdenes y la fluida comunicación con el gobierno y los diarios la han reducido al cumplimiento de normas indicativas". A partir de ahí, muchas desapariciones fueron publicadas por los medios, lo que obligó a los militares a endurecer las condiciones. La Nación informaba el 5 de junio de 1976 que la violación de la ley nº 21323, será penada con prisión, decomiso de materiales y clausura de locales.
Esto último, ocurrió: los diarios clausurados en el interior del país, fueron: La Mañana(Entre Ríos), La Arena(La Pampa), El Independiente (La Rioja), Crónica (Comodoro Rivadavia), Los Principios (Córdoba), La Época (Corrientes), La Opinión(Buenos Aires), etcétera. La mayoría por decisiones arbitrarias tomadas por los militares como. por ejemplo, consultar a la madre de un joven estudiante enjuiciado, por que no era voz autorizada para opinar sobre el tema.
Un organismo que avaló el terrorismo de Estado, aunque por poco tiempo, fue ADEPA (Asociación de Editores de Periódicos de Argentina) que expresó el 16 de diciembre de 1979: "Las fuerzas de seguridad deberán intensificar sus esfuerzos para terminar con la lacra del terrorismo y la subversión. No deben escatimarse esfuerzos para que estos enemigos del país logren desprestigiar las instituciones patrias".
En ese sentido, muchos diarios, como Clarín, se caracterizaron por la reproducción de informaciones íntegras del Boletín Oficial, sin valoraciones, que terminaban por ejemplo, al lado del horóscopo o de artículos de salud.
Durante el Mundial de 1978, se invirtieron 60 millones de dólares para crear Argentina Televisora Color (ATC), para televisar el certamen a todo el mundo, con 6 estudios en una superficie de 3 hectáreas. Sin embargo la mayoría de los argentinos vieron el mundial en televisores blanco y negro. Medios como El Gráfico, pese ser una revista estrictamente deportiva, mostraba el discurso oficial.
Durante la Guerra de Malvinas, en 1982, Clarín publicó "tropas argentinas desembarcaron en Malvinas" y La Nación le dedicaba la primera plana, mientras las radios y emisoras difundieron los comunicados de la junta militar y el gobierno nacional. La distancia entre Buenos Aires y el escenario de la guerra imposibilitó la confirmación de los hechos que los militares daban como ciertos.
La junta militar estableció que la información quedara sujeta al control del Estado Mayor, previa difusión por los medios "para combatir la inexactitud en la información" según el comunicado Nº 36 "Toda trasgresión a lo dispuesto en la presente resolución será sancionado con la clausura del medio y la detención del Director o editor..." publicó La Nación ante lo dispuesto por el gobierno.
Los militares argentinos se negaron a llevar periodistas al frente porque no los consideraban confiables. En general, los medios no podían dar información exacta y veraz de la guerra que estaban librando cientos de argentinos por decisión de Leopoldo Fortunato Galtieri, el cual utilizó propaganda oficial publicada por los medios gráficos sobre la guerra, donde se deducen mensajes que construían una mentalidad triunfalista y fabricaban una falsa realidad.
Ya en aquella época, los medios comenzaron a criticar abiertamente a la Junta Militar, apoyándose en la crisis económica que se atravesaba el país. Los informes de la ADEPA empezaron a ser más duros, denunciando principalmente que se debía devolver a la Argentina la libertad de expresión.
El 23 de octubre de 1982 Clarín publicó: "La Junta Militar acusó a algunos medios de comunicación social de desarrollar una prédica disociadora, perniciosa y desestabilizadora que coadyuva a la reactivación de ideologías subversivas". Seguido de esto, la Junta denunció en febrero de 1983 la existencia de una campaña mediática en su contra.
Desde el año 2002, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es una fecha con la que se busca mantener vivos los acontecimientos ocurridos en la última dictadura militar con el objetivo de tener presente las terribles consecuencias que dejó en el país la última dictadura cívico-militar, con familias destruidas que actualmente todavía buscan justicia para dar por cerrada aquella oscura etapa en la historia argentina.
