30 Marzo de 2016 20:58
Finalmente, como era previsible, el oficialismo logró la sanción definitiva a la derogación de la ley Cerrojo y la ley de Pago Soberano, fundamentales para poder acordar el pago a los llamados “Fondos Buitre”.
El proyecto contó con el apoyo de 54 senadores y el rechazo de otros 16 en la votación en general, mientras que fueron rechazados los cambios propuestos por un sector de la oposición.
La iniciativa autoriza al Gobierno a pagar 11.684 millones de dólares en efectivo, que se recaudaran mediante la colocación de bonos por 12.500 millones de dólares y darían por finalizado el litigio con los fondos buitres.
Federico Pinedo, presidente provisional del Senado.
En el inicio del debate, que comenzó cerca del mediodía, el peronismo expuso sus divisiones internas a partir de las distancias con el gobierno macrista, que por ahora parece haber encontrado el camino para disciplinar y lograr el respaldo de los gobernadores de la mayoría de las provincias.
El debate comenzó cerca del mediodía y se extenderá hasta entrada la madrugada.
Julio Cobos fue el miembro informante del oficialismo y el encargado de comunicar, como vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el proyecto en cuestión, asegurando que el pago a los hold-outs no genera “nueva deuda”.
El radical Julio Cobos fue el miembro informante del oficialismo.
El ex vicepresidente expresó que el Gobierno “está haciendo todo lo posible para cumplir con la sentencia judicial” para sacar al país del default, al tiempo que aseguró que pese a existir el plazo del 14 de abril para efectuar el pago de 11.684 millones de dólares “los tiempos los ponemos nosotros”.
La sesión se prolongaría tanto como la que hubo en Diputados.
Además, precisó que si todos los bonistas aceptan la oferta argentina “se terminará pagando un interés del 4,8 por ciento, una tasa menor que el 7 por ciento que se le pagó al Club de París”.
Quienes critican el proyecto adujeron la posibilidad de ingresar en un nuevo ciclo de endeudamiento.
A lo largo de la jornada, aparecieron las críticas al proyecto, especialmente desde los sectores provenientes del kirchnerismo, que le adjudican la posibilidad de ingresar en un nuevo ciclo de endeudamiento del país.
La vicepresidenta Gabriela Michetti.
Entre los que se pronunciaron en contra al proyecto se encuentran María Ester Labado, Virginia García, Anabel Fernández Sagasti, Nancy González, Teresita Luna, Hilda Aguirre, Silvina García Larraburu, María de los Ángeles Sacnún y Ana Almirón.
Cobos y Pichetto, que anunció que iba a votar a favor.
Además se opusieron senadores del PJ-FPV como Juan Manuel Abal Medina, Ruperto Godoy, Daniel Pérsico y Eduardo Aguilar, como así también el jefe de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas.
Cada uno de los integrantes de la Cámara Alta expuso enérgicamente su postura.
Entre los peronistas que estaban a favor de la iniciativa se expresaron Rodolfo Urtubey (hermano del gobernador de Salta) y el santafesino Omar Perotti.
El oficialismo rondaría los 50 votos positivos.
Urtubey estimó que “la litigiosidad ha quedado muy acotada”, aunque admitió que “no eliminada”, y sostuvo que es conveniente “la eliminación de la Ley Cerrojo, porque cumplió su función histórica”.
Los síntomas del cansancio se empezaron a sentir con el correr de las horas.
En tanto, Perotti consideró necesario “cerrar el default de la Argentina”, y dijo que la referida ley es “una herramienta que el presidente está pidiendo, y la sociedad lo ha elegido a él”.
María de los Ángeles Sacnún se opuso al proyecto.
El proyecto también contó con el apoyo de los peronistas entrerrianos Pedro Guastavino y Sigrid Kunath; el misionero Juan Irrazábal; la sanjuanina Marina Riofrío; la formoseña Graciela de la Rosa; Ada Iturrez, Juan Carlos Romero, Alfredo Luenzo, Jaime Linares, Roberto Basualdo, Alfredo De Angeli, Pedro Braillard Poccard y Juan Marino, entre otros.
Adolfo Rodríguez Sáa pidió que que se modifique la Ley de Administración Financiera.
Al rechazar la iniciativa oficial, la camporista Virginia García dijo comprender el voto a favor de muchos senadores, incluso del peronismo, porque “muchas provincias han recibido asistencia financiera” del gobierno nacional, y advirtió que Santa Cruz “no estaba en ningún decreto de asistencia financiera”.
Las principales objeciones partieron de los sectores del kirchnerismo.
Antes, su comprovinciana María Esther Labado recordó que “el 93 por ciento de la deuda lo reestructuró el gobierno de Néstor y Cristina”. En tanto, la chubutense Nancy González advirtió que “si esto sale mal, no será solo culpa del Poder Ejecutivo, sino de todos aquellos que pongan el dedo por la afirmativa”.
María Esther Labado, senadora del FPV por Santa Cruz, reclamó por la situación de las provincias.
Claro que, más allá de las voces disidentes, estaba todo dado para que el recinto le termine de dar al actual Gobierno su primera "victoria" fuerte en ambas cámaras con dos leyes fundamentales para sus aspiraciones futuras.