04 Diciembre de 2020 15:21
El Senado comenzó la sesión en la que tratará el proyecto impulsado por el ofiacilismo sobre la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas y una iniciativa que prohíbe la venta de tierras incendiadas en plazos que van de 30 a 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.
Ambas cuentan ya con la aprobación de la Cámara de Diputados, por lo que se convertirían en ley en caso de aprobarse esta tarde en la Cámara alta.
El aporte solidario, que fue avalado en Comisión hace poco más de una semana, establece un aporte por única vez a pagar por las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. La alícuota a pagar irá del 2 por ciento al 3,5 y habrá un diferencial para los bienes declarados en el exterior, del cual sus propietarios quedarían exentos si aceptan repatriar el 30% de esas tenencias.
El proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario alcanzaría a menos de 10 mil personas según la AFIP, es decir 0,8 por ciento del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales, según precisó Heller en el inicio del debate, ayer por la tarde. Además, detalló que se trata del 0,02 por ciento del total de la población.
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Si bien el Frente de Todos contará con el apoyo de algunos bloques provinciales, está previsto que tanto Juntos por el Cambio como el Interbloque Federal manifestarán su rechazo a la norma.Con 40 integrantes, el bloque presidido por José Mayans no tendría inconvenientes en sancionar el proyecto, y contaría además con la ayuda de aliados, aunque los otros dos bloques votarán en contra.
El proyecto impulsado por Máximo Kirchner y Carlos Heller ya fue aprobado en la Cámara de Diputados al obtener 133 votos (oficialismo e Interbloque Federal, Unidad Federal para el Desarrollo, Movimiento Popular Neuquino, y Acción Federal) mientras que cosechó 115 rechazos de Juntos por el Cambio.
Este viernes también se debatirá el proyecto que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, el cual busca ponerle fin a la especulación financiera e inmobiliaria de los incendios forestales. En ese marco el texto establece la prohibición de realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
