En las últimas horas, el Gobierno Nacional celebró la entrega de la vivienda número 70.000 desde el inicio de la gestión del Presidente Alberto Fernández. El acto se realizó en San Luis, donde se construyeron 300 casas con una inversión de 1.848 millones de pesos. Según información oficial, en los desarrollos urbanísticos realizados por el Estado, aún quedan 140 mil viviendas en ejecución.
En síntesis, entre las diferentes gestiones estatales con los programas Fonavi, Casa Propia y Procrear II, el Gobierno Nacional llegará a finales de 2023 con algo más de 210.000 viviendas otorgadas. Si se tiene en cuenta que en cada una viva una familia de cuatro miembros, 840.000 personas contarían con techo propio. Es decir, el 1,7% de la población argentina. Sin dudas, la política del Gobierno es buena pero insuficiente.
Y más allá de la suba del dólar y la alta inflación, desde diciembre de 2019 a la fecha, el Gobierno no aprovechó la oportunidad de facilitar los créditos hipotecarios, romper la burbuja de las inmobiliarias, y dar acceso a la clase de trabajadores a una vivienda o terreno propio. Por la inacción del Estado, los alquileres subieron sin control alguno y la explicación es simple: sin créditos hipotecarios, los propietarios se aprovechan de los inquilinos.
Las diferencias entre el Procrear y el Procrear II
En junio de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR). Con él se otorgaban créditos hipotecarios para el acceso a la vivienda. El plan preveía el otorgamiento de créditos para la construcción de 400.000 viviendas hasta 2015 y así dar una respuesta a la “necesidades habitacionales” y también dar un impulso a la actividad económica a través de la construcción.
Los créditos otorgados podían ser pagados a 20 y 30 años, con tasas de entre el 2% y el 14%, es decir, alrededor de 20 puntos por debajo de la inflación de aquellos años. Por decisión del Gobierno Nacional, el Banco Hipotecario quedó constituido como fiduciario del Programa. En la presentación, la presidenta afirmó: “Ante la falta de política hipotecaria por parte de la banca privada, el Estado está obligado a intervenir y dar una respuesta a las argentinas y a los argentinos con la creación del Programa para empezar a resolver el déficit habitacional existente en el país”.
En resumen, entre 2012 y diciembre de 2015, hubo más de 310.000 familias que recibieron el crédito tanto la construcción de viviendas; para refacción, terminación y ampliación de viviendas: para compra de viviendas a estrenar: y para compra de terreno y construcción de viviendas. Eso sí fue una política que, en poco tiempo y sin experiencias previa, marcó un antes y un después.
La estafa UVA de Macri
Tras la asunción de Mauricio Macri, se discontinuó el Procrear y hasta dejaron de entregarse las viviendas que ya habían sido otorgadas por el Gobierno anterior. En ese contexto, cientos de miles de familias se quedaron sin cumplir el sueño de su propia casa. Para entonces, Cambiemos vendía, con bombos y platillos, los créditos UVA. La estafa más grande a la ciudadanía argentina.
Fue presentado en marzo de 2016 a través del Banco Central de la República Argentina para dar créditos hipotecarios, personales y para la compra de autos. Al año y medio, las familias que habían sacado el crédito que se medía por la inflación, debían el triple, tras la devaluación realizada por el gobierno de Macri.
A marzo de 2022, los UVA habían superado el 670% de aumento. En resumen, si en 2016, una familia un préstamo con el Banco por 10.000 UVAs, equivalía en ese momento a $140.500 (ya que el valor UVA era de $14,05). En seis años, solo pagó 2.000 UVAs y debe 8.000. es decir, su deuda casi que se duplicó y debe a $1.368.320 exactamente (ya que el valor UVA hoy es de $171,04). Para hacerlo más simple: hay familias que en 2016 pidieron 1.000.000 de pesos y hoy deben 13 millones de pesos.
La banca privada sigue con su negocio
Hasta ahora, el Gobierno Nacional no demostró interés alguno en meterse en el negocio de las inmobiliarias, que en Argentina, cotizan las propiedades en dólares aunque no sea la moneda de curso legal en el territorio nacional. Por el momento, desde la gestión de Fernández no solo está suspendida el otorgamiento de créditos para la construcción y la refacción, sino también el de compra de viviendas en desarrollos urbanísticos. La opción para los habitantes argentinos de tener un techo propio es nula.
Y eso es mucho más claro cuando se tiene en cuenta lo que ofrece la banca privada a sus clientes. Sin dudas, esta es la gran deuda de un gobierno que asegura seguir las ideas de Juan Domingo Perón: jamás se metió con el poder para mejorar la vida de los que menos tienen, incluida la clase media argentina.
Y en ese sentido, los apuntados son los bancos, las entidades más beneficiadas en los últimos seis años en materia económica. Pero aunque su riqueza aumento de manera sideral, no realizaron ni una medida para promover un crédito hipotecario accesible o útil.
Por ejemplo, uno de los bancos más conocidos de Argentina ofrece una línea hipotecaria de 10.000.000 de pesos. En primer lugar, esa cantidad de dinero, transformada en dólares no alcanza para comprar una vivienda para una familia. Es decir, al dólar oficial (que es imposible de conseguir) esa suma ronda los 60.000 dólares, pero si se tiene en cuenta el dólar libre, solo roza los 30.000 dólares. Con esa cifra es imposible conseguir una vivienda.
Pero si un cliente de ese banco acepta el crédito y cumple con todos los requisitos se llevará una sorpresa: durante 20 años deberá pagar una cuota de 588.000 pesos. Pero hay que estar atento, el valor de ese pago mensual no debe superar el 40% de los ingresos de esa persona. Es decir, para calificar y obtener el préstamo, esa persona debe tener un ingreso mínimo de $1.470.000. El sueño de la casa propia es imposible de cumplir en Argentina.