11 Febrero de 2019 10:22
Finalmente Cristina Fernández de Kirchner deberá sentarse en el banquillo de los acusados el 26 de febrero para enfrentar su primer juicio como imputada en una causa por corrupción en la obra pública. El Tribunal Oral Federal N°2 rechazó hoy un pedido presentado por la ex presidenta que implicaba postergar el inicio del proceso hasta que finalice una pericia clave.
El primer juicio oral que deberá enfrentar Cristina comenzará el 26 de febrero, tal como tenía previsto el Tribunal Oral Federal N°2. Es en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. La ex presidenta llega acusada como jefa de una asociación ilícita.
Días atrás, la defensa de Cristina había presentado un recurso para postergar el proceso hasta que finalice una de las pericias contables. Sin embargo, el Tribunal no aceptó el planteo y confirmó que el 26 de febrero iniciará el juicio oral, que será el primero que enfrentará. Además de Cristina y Báez hay otros 14 acusados.
El primer juicio contra Cristina comenzará el 26 de febrero.
La defensa de Cristina pretendía que las audiencias comiencen recién una vez que estén los resultados del peritaje sobre algunas de las obras públicas que forman parte de la investigación. El Tribunal consultó al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema para saber cuándo tendrán los resultados, respuesta que recién llegó la semana pasada.
Según informaron, los resultados estarán recién la segunda semana de junio, lo que podría coincidir con la declaración en juicio de algunos de los testigos. Antes de eso, está previsto que declaren los acusados, se lean todas las imputaciones y que todas las partes realicen los planteos que consideren necesarios.
El fiscal de la causa, Diego Luciani, y los dos querellantes - la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción - habían rechazado el pedido de la defensa de la ex presidenta. La acusación apunta a la otorgación de contratos de obra pública vial que favorecieron a Báez. En total, se investigan 52 contratos otorgados por el ex ministro Julio De Vido, que ascienden a 46 mil millones de pesos.
