La discusión tarifaria en el Senado sigue dando tela para cortar dentro de la propia Casa Rosada de cara a lo que será una semana en donde el presidente Mauricio Macri tendrá que firmar el veto de la ley que se está por aprobar esta noche, sino también cómo hará para frenar el costo político que pagaría y el cual gobernadores e intendentes se encuentran dispuestos a compartir pero son ciertos cambios.
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Macri y el ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio, recibieron los cuestionamientos de gobernadores e intendentes del oficialismo y de la oposición por los alcances del veto, en particular con las posibles movilizaciones de organizaciones sociales. "Nos dijeron que después del veto van a salir en todos a manifestarse y que por eso hay que terminar cuánto antes con las intermediaciones", explicó una fuente al tanto de las negociaciones.
Una de las reuniones entre el ministro de Interior y los gobernadores.
Desde principios de 2016 en Cambiemos existe una intención de llevar adelante un ajunte en dicha materia. No en relación al gasto final, sino a la forma en la que se distribuyen los planes sociales. Quien tenía dicha labor es el vicejefe de Gabinete y secretario de Coordinación, Mario Quintana, quien vio como la crisis cambiaria terminó por recortarle su poder como funcionario. No sólo perdió peso en las cuestiones económicas, sino que también empezó a ser cuestionado por "su forma de hacer política".
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, comenzó a ser el centro de las críticas por parte de varios funcionarios.
"Se enamoró de darle plata a Grabois", graficó un alto funcionario nacional que remarcó además el enojo que existe sobre la falta de control en la materia. "Es algo que tiene que hacerse cuanto antes", remarcaron en la Casa Rosada. Mientras tanto, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien es la que lleva adelante los diálogos con las diferentes organizaciones, ya vislumbra lo que serán los encuentros de junio con el contexto del veto mediante.
Esas reuniones, que se realizan cada dos o tres meses, tendrán lugar los primeros días de junio. Ante la situación, publicada por el diario Clarín, de que el propio Quintana pidió un plazo de una semana para apaciguar las aguas con antes de que se publique el veto. "Tiene que salir el mismo día que se aprueba para evitar que haya algún tipo de coletazo externo. No sea cosa que se repita algo similar a lo que pasó hace semanas", sostienen desde el equipo económico.
El dirigente social fue uno de los grandes ausentes en la marcha del 25 de mayo.
Quintana busca sumar algunos porotos después de haber quedado afuera. Por ahora, si bien es vicejefe solo algunos ministros, por ahora, lo escuchan. Stanley es una. A pesas de haber perdido peso en la mesa económica, Quintana sigue enviando gente de su entorno para estar en cada una de las reuniones de gabinete de los ministerios. En algunos pasillos inclusive ya se habla de un final de ciclo, pero más adelante. "Mauricio nunca deja a los soldados en épocas de crisis. Sino cuando se calma la situación", explicaron.
Sin intermediarios
La idea de reordenar el cobro de los planes sociales tuvo un repunte el año pasado cuando se encontraron casos de punteros que buscaban aprovechar la situación para buscar adhesiones políticas y negocias. "Hay una señora que a viva voz en Florencia Varela dice que se encarga de distribuir 700 planes, cosa que es cierta. Cuando llegó la época de las elecciones de año pasado nos vinos a ver y nos dijo qué le ofrecíamos porque estaba por cerrar con el Frente Renovador. Y la señora se encarga de administrar un programa nuestro, nos corre con nuestra plata. Eso replícalo a nivel país", recordó un organizador territorial de Cambiemos.
La lógica de sacar a los intermediarios del cobro de planes sociales es para buscar quitarle "poder" a las organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie y la mencionada de Grabois, que se encargan de distribuirlos.