por Agustin Gulman
05 Septiembre de 2019 13:52
Enero de 2002. En medio de la crisis social, política y económica, el presidente Eduardo Duhalde declaraba por decreto la Emergencia Alimentaria, con el objetivo de asignar $350 millones a las áreas de Desarrollo Social. Por esos días, la pobreza ascendía a más del 50 por ciento y la parálisis productiva era total. Más de 17 años después, la oposición presiona al presidente Mauricio Macri para que firme un DNU similar y asigne recursos para paliar el impacto de la crisis que se agudizó con la última devaluación posterior a las PASO.
El reclamo de la Emergencia Alimentaria estuvo en la agenda de la oposición desde 2016: el primer proyecto en esa línea fue presentado en agosto de ese año y argumentaba que el propio gobierno había reconocido la suba de la pobreza y la indigencia; y que un 47 por ciento de los niños de hasta 14 años eran pobres. El texto que ingresó esta semana a la Cámara de diputados, al que tuvo acceso BigBang, asegura que “más del 50 por ciento de los niños y niñas están por debajo de la línea de pobreza” y que “el salario mínimo no está cumpliendo siquiera con la garantía mínima de asegurar un nivel de vida por arriba de esta línea a un trabajador en blanco”.
Si bien el tema estaba en agenda de la oposición desde hace tiempo, la devaluación posterior a las PASO (del 25 por ciento) y la masiva marcha de esta semana al Ministerio de Desarrollo Social, con acampe sobre la avenida 9 de Julio incluido, le dieron un mayor impulso. El objetivo de la oposición es lograr que sea el presidente quien declare la emergencia por decreto y no deban hacerlo mediante una ley, que provocaría al menos dos meses de demora en aplicarse. Un dato curioso: antes de 2016, la última vez que se había impulsado un proyecto para declararla fue en marzo de 2003.
La respuesta oficial del gobierno no tardó en llegar ante los reclamos de esta semana sobre la 9 de Julio. El candidato a vicepresidente y senador, Miguel Pichetto, dijo que el "gobienro le ha dado todo a esta gente", y que se otorgó a las organizaciones sociales "una vital parte del presupuesto que podría haber dedicado a las pymes o créditos a la producción y la generación de empleo". "No laburan, son parte del endeudamiento", acusó Pichetto en declaraciones a radio La Red.
QUÉ ES LA EMERGENCIA SOCIAL
Hasta ahora son siete proyectos que van en el mismo sentido: apuntan a crear, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, un Programa de Emergencia Alimentaria y Nutricional “destinado al fortalecimiento de la alimentación, la compra y provisión de alimentos de calidad y nutricionalmente adecuados, con atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia, particularmente la de niños y adolescentes de hasta 18 años, mujeres embarazadas, personas con necesidades especiales, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores desde 65 años y personas en situación de calle”.El proyecto prevé que los recursos se distribuyan entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y que se destina un 40 por ciento a personas por debajo de la línea de pobreza y el 60 % restante de acuerdo a la coparticipación federal. A la ley, además, podrán adherir los municipios.
Proyecto de Ley Emergencia Alimentaria by AgusGulman on Scribd
“El Gobierno se quedó sin reacción, están diciendo pavadas, que ya aumentaron las partidas: la situación del hambre es gravísima, si no firma el decreto de Emergencia Alimentaria es por cuestiones políticas, es más que cínico”, apuntó el diputado y líder del Movimiento Evita, Leo Grosso, en diálogo con BigBang. De todos modos, adelantó que si la semana que viene Macri no firma el decreto, buscarán que la emergencia se trate en una sesión especial, donde la oposición podría conseguir la mayoría. En el Senado podría tratarse una semana después.
QUÉ DICE EL GOBIERNO
El reclamo de las organizaciones sociales es que, como mínimo, se debe destinar $50 a cada plato de comida. Luego de varios reclamos lograron que Desarrollo Social aumente las partidas, de $23 a $30. En el Ministerio que comanda Carolina Stanley dijeron a BigBang que se reforzó la compra de alimentos mediante un sistema de emergencia, y señalaron que aumentarán un 48 % el valor de las raciones de comedores comunitarios y merenderos. Sin embargo, en la Casa Rosada no quieren saber nada con declarar la emergencia por el impacto político que puede generar, y creen que se trata de una maniobra política en medio del contexto electoral. “Busca ensuciar la campaña, probablemente vuelvan a reclamar a la 9 de Julio”, reconocen.
“En el 2002, cuando la sacó Duhalde, funcionó para agilizar mecanismos administrativos. Como había una crisis no se podía demorar cuatro o cinco meses. Están centrados en poner plata para la compra de alimentos”, aseguró a BigBang un importante funcionario del área social, que reconoce que cuando asumió Macri en 2015 se entregaban a todo el país entre 480 y 500 mil módulos de alimentos (combos con entre 8 y 12 productos, de entre 7 y 10 kilos cada módulo) y que ahora se envían alrededor de 800 mil módulos.
