23 Febrero de 2021 11:45
Las declaraciones de Horacio Verbitsky destaparon la olla y revelaron la vacunación paralela que se llevó adelante en el Hospital Posadas y en la sede del Ministerio de Salud durante la gestión del ahora ex ministro, Ginés González García. Después de que el Gobierno publicara el listado completo de las personas que se inocularon de forma discrecional, una denuncia salpica ahora al Gobierno porteño. La abogada Natalia Salvo denunció a Horacio Rodríguez Larreta y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, por la presunta comisión de delitos de acción pública relacionados con el plan de vacunación que se lleva adelante en sanatorios privados en territorio porteño. Las pruebas que solicitó la letrada y la respuesta de las autoridades de la Ciudad.
En la denuncia presentada en la Justicia Federal, Salvo sostiene que el jefe de Gobierno porteño firmó un convenio con al menos siete instituciones privadas en las que delega la ejecución del plan de vacunación de la Ciudad. "Esto se entiende como la privatización de la salud, en el contexto de una emergencia sanitaria y una pandemia mundial. Lo que queremos es ver si hay vacunados de primera y de segunda. Hay distintas prepagas y obras sociales que están ofreciendo la vacunación a sus afiliados, pese a que son un recurso público adquirido por el Estado nacional", precisa la abogada en diálogo con BigBang.
La denuncia se realizó después de que comenzaran a circular en redes sociales y en las distintas plataformas de las obras sociales anuncios en los que se prometía una vacunación exclusiva para afiliados. "Campaña de vacunación contra el Covid-19 para pacientes en el Sanatorio Güemes. Exclusiva para afiliados de HOMINIS y OSUTHGRA. Solicitud de turnos online abierta para mayores de 80 años", reza el presunto comunicado firmado por el Sanatorio Güemes.
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"En principio, lo que estamos solicitando en base a las publicaciones virtuales de las prepagas es el peritaje tecnológico para determinar si son efectivamente campañas oficiales de los sanatorios. Cuando uno hace una denuncia, solicita además medidas de pruebas para acreditar lo que uno cree que es un delito. Es por eso que, en principio, requerimos pericias informáticas para determinar si son veraces los posteos de las obras sociales", explica Salvo.El segundo paso en materia probatoria es determinar si se avanzó con las campañas "exclusivas para afiliados". "Esa información debería ser pública. Hay un registro obligatorio de vacunación que fue establecido por ley y en el que tiene que figurar el registro completo de las personas que fueron inoculadas y cuántas partidas se les otorgaron a los sanatorios privados de la Ciudad", suma, al tiempo que denuncia: "El orden de prioridad de inoculación lo establece una resolución del Ministerio de Salud de la nación. Todavía hay médicos sin vacunarse y ya prometen vacunas para mayores de 80 años, con determinadas prepagas".
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Las autoridades sanitarias del Gobierno de la Ciudad desestimaron en diálogo con BigBang el avance de la denuncia. En concreto, desde la cartera que conduce Fernán Quirós aclararon que se firmaron siete convenios públicos con obras sociales y "entidades de la seguridad social" para que colaboren con la vacunación de sus afiliados. Los sanatorios debieron asumir la responsabilidad de la conservación, el traslado y aplicación de las vacunas, así como también cumplir con las etapas de vacunación estipuladas por el ministerio nacional.El listado de las siete instituciones con las que la Ciudad firmó convenios para la vacunación
Hospital Británico Hospital Italiano Hospital Alemán Sanatorio Güemes (OSUTHGRA- Hominis) OSECAC CEMIC OSBA "No hay nada oculto, es toda información pública", refuerzan desde el Gobierno porteño, al tiempo que advierten que no hubo denuncias, ni sospechas en torno a si las instituciones realizaron o realizan vacunaciones paralelas, por fuera de lo que dictan los decretos del Gobierno nacional. La práctica, de acuerdo a las autoridades de la Ciudad, es común también "en otras provincias" y tiene como objetivo descentralizar la campaña de vacunación, para acelerar los tiempos de la campaña que depende, además, de la recepción de dosis por parte del Ejecutivo nacional.Para Salvo, las explicaciones no son del todo concluyentes. "Una cosa es que una obra social facilite el espacio físico y hasta al personal de salud para la aplicación de las vacunas; pero otra muy distinta es tener ciudadanos de primera que tienen acceso antes a una dosis porque tienen prepaga y ciudadanos de segunda, que quedan atrapados en una página Web que otorga turnos, pero que está colapsada".
"La provincia, por ejemplo, tiene un acuerdo con SUTEBA. Una cosa es que una obra social articule con el estado provincial o municipal acuerdos para brindar el espacio físico y otra muy distinta es contar con una partida propia de vacunas. De ser así, estamos ante la privatización de la campaña de vacunación en la que se beneficia el que tiene acceso a una prestación privada de salud", refuerza la abogada. En concreto, la abogada solicita: "Queremos saber cuáles son las contrataciones existentes y cuántas dosis recibieron las prepagas. Además, queremos saber quiénes fueron vacunados y si se cumplió con el orden dispuesto por el Ministerio de Salud Nacional".
El juez que resultó sorteado por la Cámara Federal porteña es Ariel Lijo, que está de turno con el fiscal Carlos Stornelli. "Lo que queremos es que se presente toda la documentación para constatar si se está llevando adelante un delito. Estamos hablando de un recurso que escasea a nivel mundial y que fue adquirido por el Estado nacional. Hay un retraso en las entregas muy importante y ya han fallecido muchos médicos. No es justo que una persona con prepaga se pueda anotar y un jubilado esté desde las cero del viernes pasado intentando empadronarse", refuerza.
