20 Septiembre de 2023 14:16
Rappi, la empresa colombiana de pedidos de comida y mensajería, tendrá que hacer frente a una multa millonaria que le impuso el gobierno de Buenos Aires, de 59 millones de pesos por cobrar una “tarifa de servicio” a sus consumidores y usuarios que no tienen posibilidad de negarse a abonarlo porque la operación de cobro se realiza después de contratado el servicio.
Entonces, aumentan el precio de los productos y servicios además de responsabilizar a los usuarios por los costos y los gastos empresariales que deberían estar a cargo de la empresa proveedora. Por eso, además de pagar la multa, se instó a Rappi a que se deje de cobrar aquella “tarifa de servicio” y a hacer la devolución de esos gastos a los usuarios afectados, unos 13 millones de pesos.
La denuncia viene desde 2022 cuando se denunció a Rappi por ese cobro adicional a los usuarios que denominaron “cargos adicionales compulsivos” porque viola la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. En ese año, hubo un apercibimiento de que, en caso de que no se deje de cobrar, podrían ser multados por más de 400 millones de pesos.
Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica comunicaron: “Además del gasto por envío, cobra -y continúa cobrando- un cargo extra denominado 'tarifa de servicio' que no se informa con antelación y del que la persona consumidora se entera únicamente en el momento del pago”.
Y agregaron en el comunicado: “Se trata de un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias a costas de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a las y los consumidores y usuarios”.
En medio del procedimiento de denuncia que se llevó a cabo a través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios comunicaron que hubo un procedimiento que garantizó el “derecho a la defensa” de Rappi pero la operación tuvo un resultado negativo.
Informaron que no dejaron de cobrar la tarifa adicional y por eso, la Ley les cae con todo el peso: “La empresa se negó a modificar su conducta por lo que, además de la multa, se le ordenó cesar el cobro y suprimir el concepto 'tarifa de servicio'”. Estas palabras fueron reforzadas por Ariel Aguilar subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones: “No es en absoluto una actitud anti-empresa, sino al contrario, se le dio a la empresa la posibilidad de corregir esa cláusula, pero decidió no corregirla, y por eso llega la multa” y enfatizó en aquel punto: “Si Rappi quitaba ese concepto, la multa no llegaba”.
Ahora inicia un proceso en el que la empresa colombiana deberá asumir el pago de la deuda por cobrar cargos excesivos con la “tarifa por servicio” que dejaba los usuarios “atados de pies y manos” al no poder elegir pagarlo.
Imputaron a Pedidos Ya y a Glovo
Corría el año 2020 cuando se informó a los y las argentinas que las empresas de mensajería Pedidos Ya y Glovo serían obligadas a pagar una multa en plena pandemia por coronavirus. Desde Defensa al Consumidor advirtieron por el cobro de propinas: “Si bien es posible elegir el no pago de dicho concepto, esta opción debe ser seleccionada por la o el usuario y no, como sucede actualmente, aparecer por defecto”.
Sin embargo en esa oportunidad, desde el organismo alegaron: “El cargo por propina, no requerido previamente por tales consumidores, genera un débito o cargo automático y obliga a quien consume a pronunciarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice, lo que incurriría en una violación al artículo 35 de la Ley de Defensa del Consumidor”. En ese momento, la multa era por 16 millones de pesos.
