José López arribó a Jujuy en medio de un fuerte operativo de seguridad para declarar en una causa por presunto desvío de fondos. El ex secretario de Obras Públicas kirchnerista viaja desde Campo de Mayo hasta la capital provincial en medio de un fuerte operativo de seguridad.
El detenido ex funcionario llegará a Jujuy a las 10.
El propio juez federal Daniel Rafecas dudó en aprobar el traslado debido a las dos fronteras que limitan con Jujuy, propicias para un posible intento de fuga.
El momento en que López arribó a Jujuy.
Es por ello que las fuerzas de seguridad federales seguirán un riguroso protocolo para evitar perderlo de vista. La jornada del ex funcionario se inició a la madrugada cuando un camión lo trasladó desde la cárcel de Ezeiza, donde está preso desde junio, y lo llevó hasta Campo de Mayo. Allí un avión de Gendarmería, lo llevará hasta Jujuy, en un viaje supervisado por el ministro de Seguridad de esa provincia, Ekel Meyer.
López, custodiado por un estricto operativo de seguridad.
López aterrizará a las 10 en el Aeropuerto Horacio Guzmán. Una vez en suelo jujeño, la seguridad correrá por cuenta de la provincia. Está previsto que el ex funcionario sea trasladado por efectivos del CEOP (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales) de la Policía de Jujuy y del Servicio Penitenciario hasta la fiscalía en el centro de la capital provincial. La cita con el fiscal de Investigación Penal, Gustavo Araya, es a las 11.
El ex secretario de Obras Públicas está imputado como coautor del delito de fraude a la administración pública en una causa que investiga el destino de fondos para viviendas que nunca se concretaron. En ese expediente también están imputados el exgobernador, Eduardo Fellner, y la dirigente social, Milagro Sala, entre otros ex funcionarios.
López declarará por el supuesto desvío de fondos para la construcción de viviendas.
El fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez dijo que la Justicia pudo comprobar que hay cerca de 1.800 casas que no se hicieron y "un gran número que están a medio terminar". Según informó, el perjuicio patrimonial para el Estado habría sido de alrededor de 1.200 millones de pesos.