10 Marzo de 2017 05:00
Ahora sí. La Ley que prorroga la Emergencia Social sancionada en diciembre pasado por el parlamento entró en vigencia. En medio de una semana marcada por las protestas sociales, el masivo reclamo de un paro nacional a la CGT y el informe de la UCA con reveladores datos sobre el crecimiento de la pobreza desde que asumió Mauricio Macri, la ley apunta a ayudar a la llamada "Economía Popular".
La ley se había sancionado en diciembre, pero aún no había sido reglamentada.
El Decreto 159/2017, publicado en el Boletín Oficial, detalla para qué sirve el Consejo de la Economía Popular y qué parámetros se deben cumplir para acceder al llamado "Salario Social Complementario", que quedará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley. Según precisa el decreto, la Economía Popular es "toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar".
La ministra Carolina Stanley y el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico, uno de los principales promotores de la ley.
La reglamentación determina que en el Consejo habrá representantes de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, quienes "mediante acuerdo" podrán convocar a representantes de todas las organizaciones sociales para que participen de forma permanente de las reuniones, al igual que integrantes de "organizaciones civiles o instituciones públicas o privadas cuyos aportes resulten de interés social en razón de la materia".
Según precisa el decreto, "el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario establecerá los criterios para inscribirse y permanecer en el Registro Nacional de la Economía Popular, cuya prioridad será "aquellas personas afectadas en sus derechos humanos fundamentales y en situación de alta vulnerabilidad social, considerando especialmente a las mujeres".
Las organizaciones sociales habían reclamado varias veces que la ley -que fue el fruto de una larga negociación en el Congreso- se reglamentara de una vez. Además, se oficializa un día después del informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que concluyó que en los primeros nueve meses de 2016 un millón y medio de personas cayó en la pobreza y 600.000 de ellos en la indigencia.
