Avanza la investigación por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. El fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, a cargo de la causa, ordenó allanar un estudio contable de esa ciudad y una ferretería de Ensenada, donde se hallaron centenares de facturas “truchas” que eran abonadas por organismos estatales.
Scioli tiene un complejo escenario judicial.
La supuesta maniobra que investiga Garganta representaría un fraude al Estado por aproximadamente 17 millones de pesos. El proceso se inició tras una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió por defraudación a la administración pública y lavado de dinero.
Uno de los edificios allanados en la ciudad de La Plata.
El primer allanamiento se realizó en el estudio contable de Eduardo Ferri y Roberto Espósito ,en el centro de la capital provincial, donde se encontró una importante cantidad de facturas apócrifas. La Justicia cree que las facturas se utilizaban para justificar gastos inexistentes de diversos organismos de la estructura provincial.
Buena parte de los comprobantes eran facturados a Participación Ciudadana de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social, Defensoría del Pueblo y Dirección de Servicios Sociales de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Carrió impulsó la denuncia que hoy tiene en la mira al ex gobernador.
En el otro allanamiento efectuado a la Ferretería Industrial Magaró Sociedad Anónima -compañía dedicada a la venta de maquinarias eléctricas e hidráulicas, herramientas especiales, pinturería, buhonería y electricidad- ubicada en la calle 122 número 270 de la localidad bonaerense de Ensenada, se secuestró el sistema informático de facturación de la empresa.
Según trascendió las facturas truchas presentaban montos que van desde los $6 mil hasta los $20 mil por diversos servicios como la realización de folletería, alquiler de sonido, proyectores, banners, entre otros. Ahora la Justicia debe comprobar si se prestó un real servicio a cambio del dinero.
En cuanto a proveedores del Estado que emitían facturas apócrifas figuran la Cooperativa de Trabajo “La Esperanza”, situada en 155 entre 524 y 525, de Melchor Romero, y la Cooperativa de Trabajo “La Josefa” Limitada, ubicada en la calle 48 número 632, de La Plata.