Con manifestaciones callejeras a favor y en contra y un fervor inusitado, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de la senadora Magdalena Odarda (Frente Progresista, Río Negro) para prohibir las carreras de galgos (en realidad, la norma prohibe toda carrera de perros) en todo el país e instituye hasta cuatro años de cárcel y multas de hasta 80 mil pesos para quien las "realice, promueva u organice".
A partir de ahora, las carreras de galgos son completamente ilegales.
La votación en general del proyecto tuvo 132 votos a favor (Cambiemos, el massismo y el bloque justicialista, algunos diputados del Frente para la Victoria y la izquierda) y 17 en contra (algunos senadores del FPV y el siempre polémico diputado salteño Alfredo Olmedo (Salta). La votación en particular tuvo un intenso debate: el tamaño de las penas de prisión, por ejemplo, se resolvió de un modo muy ajustado: 77 votos a favor, y 74 en contra.
Ayer, frente al Congreso, la gente se manifestó a favor y en contra de las carreras de galgos.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, inició el debate considerando que se debe penalizar la práctica de las carreras de perros porque "es un negocio de juego clandestino en el que las prioridades son las ganancias".
La diputada kirchnerista Diana Conti, en cambio, consideró "anticonstitucional" esta ley y dijo que "se están poniendo mas penas a las carreras de galgos que a los accidentes viales o las riñas entre personas".
El diputado del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, opinó: “Las carreras de galgos constituyen un negocio capitalista basado en la explotación de los animales y el juego clandestino basado en las apuestas privadas y la ludopatía, que mueve miles de millones de pesos en todo el país".