Durante la tarde del jueves, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que las fuerzas federales descargaran el equipaje de pasajeros en respuesta a la medida de fuerza de Intercargo en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. La medida se enmarcaba en un contexto de desregulación del servicio de rampas aeroportuarias, ahora abierto a empresas privadas, eliminando así el monopolio de la empresa estatal. "Estoy instruyendo a la PSA y al resto de las Fuerzas Federales a descargar de manera inmediata el equipaje detenido en Aeroparque mientras dure la actuación excepcional motivada por esta huelga salvaje de Intercargo", escribió la ministra.
Resulta que el Gobierno oficializó el anuncio de la funcionaria mediante la resolución 49/2024, que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. La misma habilitó "el proceso de otorgamiento de las autorizaciones aerocomerciales de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general para que las fuerzas de seguridad o cualquier persona física o jurídica que reúna ciertos requisitos legales, técnicos y económicos pueda brindar el servicio", indicó el comunicado de Transporte.
En ese contexto, señalaron que, "esta medida, impulsada desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, resulta imperiosa en vista de los hechos acontecidos esta semana en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y hace aún más relevante el abordaje sistémico e integral de los servicios aeroportuarios de atención en tierra a las aeronaves y de rampa".
También remarcan que, "de esta manera, las fuerzas públicas podrán actuar de forma inmediata en situaciones de paros encubiertos o medidas de fuerza extorsivas que perjudiquen a los pasajeros y afecten el normal funcionamiento aeroportuario, llevando adelante de manera temporal y excepcional los servicios de rampa y aeroportuarios operacionales en beneficio de las líneas aéreas y de los pasajeros".
En lo que va del año, Intercargo realizó 16 asambleas y 4 paros, perjudicando a los pasajeros que en todas estas oportunidades quedaron varados arriba del avión o a la espera de su equipaje. "Con esta desregulación, las personas no podrán ser tomadas nuevamente de rehenes a causa de medidas gremiales ajenas a sus intereses", afirma el comunicado oficial y agrega que, además, "al haberse desregulado totalmente los servicios operacionales y de rampa en los aeropuertos, todo operador privado que quiera brindar estos servicios y cumpla ciertos requisitos tendrá la libertad de hacerlo e Intercargo deberá competir como cualquier empresa".
De esta forma, "se incorporarán nuevos actores al mercado argentino para beneficio de los usuarios y pasajeros". Finalmente, resaltaron que, "esta normativa también está enmarcada en el principio de Silencio Positivo con el objetivo de desburocratizar y agilizar las tramitaciones necesarias, es decir, que cumplido un cierto tiempo de iniciado el trámite, y habiéndose verificado el cumplimiento de todas las condiciones operativas, técnicas y de seguridad; la autorización será automática y tendrá una duración de 15 años con posibilidad de renovación". "El Gobierno Nacional, continúa avanzando en la desregulación del transporte aéreo, adecuando los servicios aeroportuarios a las dinámicas actuales del transporte aerocomercial y para comodidad de todos los argentinos", concluye el comunicado.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, este cambio busca evitar que los pasajeros queden "secuestrados" por huelgas sindicales y asegurar la continuidad del servicio. Durante el día de ayer, el portavoz calificó esta decisión como "el fin de Intercargo tal como lo conocemos" y criticó lo que considera "terrorismo sindical", acusando a los manifestantes de retener a más de 2000 pasajeros en 10 vuelos. "Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, sus vacaciones, su viaje laboral o por temas médicos, ni negarse a hacer su trabajo", había manifestado Adorni.
Y siguió: "El terrorismo sindical no tuvo prurito en secuestrar a más de 2000 pasajeros en 10 aviones. A esta gestión no le tiembla el pulso, no le tembló para sacarle los privilegios al sindicato de Biró y no le tiembla para sepultar las extorsiones de estos delincuentes. Es el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora". El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, añadió que esta liberalización es parte de un plan de desregulación más amplio que comenzó el año anterior, que también incluyó precios y rutas de aerolíneas. Mientras que Franco Mogetta, secretario de Transporte, señaló que esta apertura facilitará la entrada de nuevos actores.
Durante la medida de fuerza de Intercargo, Bullrich ordenó la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para descargar el equipaje y permitir el tránsito de los pasajeros, quienes, según su relato, sufrieron desmayos, ataques de nervios y otras situaciones extremas debido al calor y el hacinamiento en el aeropuerto. La ministra había anunciado que esta intervención de fuerzas federales será un protocolo estándar en futuras crisis sindicales para evitar "secuestros" de pasajeros.
"Ayer fue uno de los peores días de la historia aeroportuaria del país. Bajamos 18 personas en ambulancias con ataques de nervios, desmayos, hipertensión, enfermos de leucemia con crisis nerviosa. Fue absolutamente extremo. Abandonaron a las personas con un calor extremo, gente que sufrió situaciones terribles. 46 millones de argentinos pagan los sueldos de empleados de Intercargo que le hacen la vida imposible. Se acabó", había declarado la ministra de Seguridad.
Paralelamente, Milei advirtió a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que deben presentar este viernes un plan de trabajo que garantice la operación sin conflictos laborales. En caso contrario, el gobierno amenazó con cerrar la aerolínea y vender sus activos. Desde el sindicato Asociación del Personal Aeronáutico (APA), se denunció el despido de un trabajador de Aeroparque y se exigió su reincorporación, además de criticar al presidente de Intercargo, Fernando Montes, por presuntamente manipular las negociaciones paritarias en perjuicio de los empleados. Según fuentes del gobierno, compañías extranjeras, especialmente del ámbito árabe, ya mostraron interés en adquirir Intercargo, lo que se interpreta como otra medida de presión hacia el sindicato para disuadir la protesta.