por Leo Morales
21 Agosto de 2021 10:07
Mezquindad política. Después de que el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación firmara acuerdos para la implementación de los Regímenes de Promoción de Empleo en las provincias de San Juan, Mendoza y Entre Ríos, desde el Gobierno mendocino boicotearon el plan y las autoridades nacionales salieron al cruce de la desinformación vertida por los medios de los principales medios hegemónicos de la provincia, así como también de sus principales funcionarios.
¿De qué se trata el plan en cuestión? Los acuerdos firmados por la cartera dirigida por Matías Kulfas permiten la creación de nuevos empleos a partir de un esquema mediante el cual el FONDEP pasa a hacerse cargo de una parte de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Las tres provincias firmantes tienen a su cargo la difusión y la realización de los controles de aplicabilidad para determinar si las empresas cumplen con las condiciones de acceso.
La puesta en marcha del programa expuso el boicot que la gobernación de Rodolfo Suarez llevó adelante para que ninguna de las empresas locales que quisieron acceder al beneficio otorgado por el Gobierno nacional pudiera hacerlo. "A raíz de la información que ha trascendido en medios de la provincia de Mendoza, en donde las autoridades provinciales señalaron que se rechazaron las solicitudes de once empresas, cabe aclarar que dichos controles estaban a cargo del Ministerio de Economía y Energía de la provincia de Mendoza, quien debió haber rechazado dichas solicitudes por no estar debidamente encuadradas en lo dispuesto por la resolución; habiendo remitido los expedientes a la Secretaría de la Sepyme sin haber cumplido con el paso previo a su cargo", aclaran desde la cartera de Kulfas.
Pero esa no fue la única "pícara" omisión. "La cartera provincial no detectó que, por un lado, ocho solicitantes no correspondían a las actividades alcanzadas por el programa y que las otras tres empresas no cumplían con las condiciones necesarias para acceder. Entre otras inconsistencias, estas últimas tres firmas ni siquiera incrementaban su nómina de personal -una de las condiciones básicas para acceder al programa- y hasta en algunos casos se constataron reducciones de personal o modalidades de contratación (contrato a plazo fijo) que no estaban contempladas en la normativa vigente".
¿Qué dice el acuerdo firmado por el ministerio y la provincia de Mendoza? "Es la provincia la responsable de verificar que las empresas cumplan con los requisitos para obtener los beneficios del programa. De hecho, en la nota de adhesión al Programa Federal de la Reactivación Productiva suscripta por el gobernador se establece la obligación del organismo provincial de realizar las verificaciones tendientes a elevar solamente aquellas solicitudes que cumplan requisitos previstos en las 'bases y condiciones' y sus modificatorias".
Pero lo que podría haber sido analizado como un mero error administrativo se tornó en un escándalo político después de que fuera la propia gobernación la que cuestionara el programa de generación de empleo del Ejecutivo nacional, después de no haber cumplido con su único compromiso en la cadena de activación que era el de asegurarse que las empresas cumplan con los pocos requisitos (todos ellos en beneficio de los trabajadores) para su correspondiente inscripción y posterior ingreso al programa.
"A diferencia de la política del Gobierno nacional sostenemos que la iniciativa privada es el camino para que los efectos de las crisis que atraviesa el país se reduzcan. Por eso, fomentamos la inversión y el empleo con programas directos como Mendoza Activa, Enlace y Enlazados", chicaneó desde el Foro Asinmet Enrique Vaquié, ministro de Economía y Energía provincial; al tiempo que sumó: "Creemos que haber permitido y brindado herramientas para que las pymes produzcan y los mendocinos laburen fueron las mejores decisiones en medio de la pandemia. Los equilibrios sanitarios y económicos siempre fueron la base de la estrategia en Mendoza".El primero en responderle de manera oficial fue Guillermo Merediz, Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación; quien recogió el hilo de Vaquié y retrucó cada una de las acusaciones: "Desde diciembre del 2019, el Gobierno Nacional lanzó 31 líneas de crédito por 230 mil millones de pesos. Se trata de financiamiento para inversión productiva, capital de trabajo, desarrollo federal y desarrollo exportador. Ya asistimos con más de $350 millones para el fortalecimiento de centros regionales e instituciones de apoyo y promover la capacidad exportadora de las MiPyMEs y cadenas de valor".
Sólo en Mendoza, el Gobierno movilizó recursos por más de $29.300 millones para sostener y reactivar el entramado productivo. No hay peor ciego que el que no quiere ver"
El secretario de la Sepyme también hizo foco en las políticas que se llevaron adelante desde el Gobierno nacional en beneficio de los mendocinos: "Sólo en Mendoza, el Gobierno movilizó recursos por más de $29.300 millones para sostener y reactivar el entramado productivo. No hay peor ciego que el que no quiere ver". Quien también salió al cruce del "Mendoza-Gate" fue el propio Kulfas. "Hemos tenido muy pocas presentaciones (en la mencionada provincia), por eso destacamos que el Gobierno provincial tome un papel más activo en materia de difusión. Es importante aclarar que es la provincia la que tiene a su cargo la primera selección. Digo esto, porque se dijo erróneamente que se rechazaron once presentaciones y, en realidad, no rechazamos nada; eran presentaciones que no eran parte de los sectores que estaban incluidos y que debieron haber sido dejado de lado previamente por la provincia porque no cumplían con los requisitos del acuerdo que firmamos".No rechazamos nada; eran presentaciones que no eran parte de los sectores que estaban incluidos"
"Quiero destacar el programa que implementamos con la provincia de Mendoza que arrancó medio flojito, pero que esperamos que se pueda desarrollar en las próximas semanas, y que tiene que ver con la promoción del empleo en la provincia. El programa permite que 1000 empleos del sector industrial y agroindustrial en el período de tres años tengan una reducción en los aportes y contribuciones a la seguridad social, incentivos bien concretos para que empresarios puedan incorporar más personal", concluyó el ministro de Desarrollo Productivo.
