por Rafael Saralegui
04 Noviembre de 2015 15:12
En el juzgado de Raúl Reynoso, en la ciudad salteña de Orán, existía un tarifario que se utilizaba para determinar cuánto se debía cobrar para liberar a un narcotraficante, cuánto para devolver las divisas secuestradas en un procedimiento policial o cuánto para liberar a las empresas que tenían causas por contrabando. Así lo denunció el abogado David Leiva en una presentación que realizó meses atrás.
En diálogo con BigBang, Leiva explicó que comenzó a hablar de las supuestas irregularidades cometidas en el juzgado de Reynoso, situada en la zona caliente del narcotráfico en Salta, en una radio local, que el tema se fue amplificando luego en medios locales, hasta que realizó una denuncia formal en la Fiscalía Federal de Salta.
“He denunciado una tarifación que existe para otorgar libertades a personas dedicadas al narcotráfico, para la devolución de divisas y por la liberación de fronteras a empresas que tienen causa por contrabando y que están impedidas de operar por disposición de la Aduana”, explicó el abogado.
Leiva, un abogado de Orán vinculado con organismos defensa de los derechos humanos, detalló algunos de los casos en los que el juez Reynoso, tuvo una actuación por lo menos controvertida.
Hubo un caso muy sonado en salta, el del empresario José Luis Sejas Rosales, de origen boliviano, dueño de un flota de 90 camiones. “Lo agarron con 600 kilos de cocaína líquida y el juez le da la libertad. Lo califica como partícipe secundario, pese a que la fiscalía pidió que indaguen como jefe de una asociación ilícita. El comentario era que había pagado US$ 350.000”.
Otro caso fue el de otro supuesto narcotraficante, de la ciudad de Tartagal, de apellido Sarmiento. Fue su propia esposa, quien dijo durante una entrevista con un canal de televisión local que había llevado varias veces dinero a un allegado del juez para conseguir la libertad de su marido.
Otra abogada salteña, Roxana Rivas, también le dijo a Leiva, que el juez cobraba dinero de un acusado narco. Rivas estaba en pareja con el abogado René Gómez, ex procurador general de la provincia cuando el gobernador era Roberto Romero. Gómez era el abogado de José Miguel Farfán, imputado en una causa por narcotráfico que se tramitaba en el juzgado de Reynoso. Rivas le dijo a Leiva que Reynoso había ido varias veces a su casa para retirar dinero. El abogado Gómez fue uno de los detenidos en el procedimiento que se realizaron esta mañana.
En la causa que tramita el juez federal de Salta Julio Bavio también consta el testimonio de una juez civil provincial. La magistrada declaró que un hermano suyo había sido arrestado en una causa por trata de personas y que un enviado del magistrado le había pedido dinero para ordenar su liberación.
Reynoso no fue detenido porque tiene fueros que lo protegen.
Otro caso resonante en el que tuvo participación Reynoso ocurrió en mayor de 2005, cuando una camioneta conducido por efectivos de la Policía Federal que estaban destinados en Salta volcó con 110 kilos de cocaína. El juez dijo que él había ordenado el traslado, pese a que no había documentación alguna y a que la Gendarmería informó que los policías habían intentado escapar de un control carretero. Los policías fueron defendidos por el abogado Fernando Burlando. Con el tiempo todos resultaron sobreseidos por el magistrado.
Un caso más reciente ocurrió octubre de 2011, cuando se realizó un procedimiento en el que resultó detenido el titular del Concejo Deliberante de la localidad salteña de Joaquín V. González Luis Cifre, debido a que en un galpón de su propiedad se encontraron 356 kilos de cocaína. Un año más tarde, Cifre recuperó la libertad por decisión de Reynoso.
Además de Reynoso y Gómez, en la causa están imputados los abogados y empleados del juzgado Miguel Ángel Saavedra, María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Elanio Gaona, Lucinda María Segovia y Diego Aquino.
