La causa por el espionaje ilegal durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri por parte de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a diferentes dirigentes del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, sindicalistas y miembros de otras organizaciones comenzó a tener actividad después de ser trasladada de los juzgados federales de Lomas de Zamora a Comodoro Py. El magistrado a cargo del expediente, Marcelo Martínez de Giorgi, citó a declarar en las últimas horas al diputado nacional Diego Santilli pero también al hermano del presidente Macri, Mariano, entre otros.
En total el magistrado dio lugar a 43 medidas de prueba solicitadas por el fiscal de la causa, Franco Picardi, que incluyen también la declaración del ex funcionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, y el periodista Santiago O'Donnel, entre otros. Incluso también se citó a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de la serie de entrevistas que brindó la semana pasada.
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Es que el fiscal Picardi busca reconstruir hasta qué punto la AFI bajo la gestión de Macri creció en su manejo y poder dentro y fuera de las estructuras legales del Estado. Una de las cuestiones troncales que solicitó Martínez de Giorgi son los informes a la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), que se encarga de las escuchas judiciales, y si la AFI creó un sistema para interceptar las mismas.
La declaración testimonial de Mariano Macri quedó programada para el próximo 21 de marzo a las 10 de manera presencial en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro. En cuanto a Santilli, se lo citó para el 14 de marzo en relación a que “se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en autos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar”. Por su condición de diputado nacional podría prestar testimonio de manera escrita y si opta por esta modalidad el juzgado le enviará un pliego de preguntas Caamaño fue convocada por su parte para el 22 de marzo y también podría elegir responder por la misma modalidad.
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Martínez De Giorgi quedó a cargo de la causa que comenzó a investigarse en la justicia federal de Lomas de Zamora por decisión de la Cámara Federal de Casación. Al ordenar las medidas de prueba, el magistrado pidió informes también al Servicio Penitenciario Federal, al Bonaerense, a la policía de la provincia de Buenos Aires, a Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre “convenios que hubieren celebrado” con la ex SIDE y su sucesora, la AFI, entre 2010 y 2019.
También pidió al Servicio Penitenciario Bonaerense que “con carácter de muy urgente se informen circunstanciadamente los motivos que rodearon la instalación de cámaras y micrófonos en el pabellón 6 de la Alcaidía Departamental N° 3 de La Plata “Melchor Romero”, entre los días 8 y 24 de agosto de 2018.
Además, requirió al Gobierno de la Ciudad que informe “la nómina de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que, en el período comprendido entre los años 2015 y 2019, fueron reclutados por la Agencia Federal de Inteligencia”.