19 Septiembre de 2016 04:09
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) quedó envuelto en una denuncia por fraude sistemático. Acusan al ex presidente, Antonio La Scaleia, y su directorio, de promover sobreprecios de prestaciones, compra de medicamentos truchos e internaciones domiciliarias que nunca se realizaron. La presentación judicial remarca que se perdieron unos 2.800 millones de pesos en compras directas en el último año y medio.
La denuncia fue presentada por el presidente del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (Supttioma), Idelmar Seillant, y Claudia Terrasa, la secretaria general del gremio, ante la Unidad Fiscal de Instrucciones N° 2 de La Plata. El viernes, la investigación quedó en manos del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI N° 11, que ya investigaba las irregularidades en IOMA a partir de una denuncia de la diputada Elisa Carrió.
El IOMA es la obra social de los estatales bonaerenses.
Según el diario La Nación, la denuncia también menciona que el ex director del IOMA tenía un sueldo de $72.988, pero que no había presentado declaración jurada previa a asumir en el cargo. A La Scaleia también se lo acusa de delitos por enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. Según señala la denuncia, el salario no le alcanzaría para mantener el “bienestar económico y financiero”.
Tanto La Scaleia como su ex jefe de Gabinete en el IOMA, Daniel Burgos, integran el directorio de una empresa offshore que apareció en los Panamá Pappers, llamada IT Invest Group Technologies SA, de 2012. Allí también figuran empresarios ligados al negocio de las internaciones domiciliarias.
Antonio La Scaleia fue denunciado por la asociación de trabajadores del IOMA.
La causa está basada en cuatro ejes. Los denunciantes presentaron unos 30 documentos donde apuntan que el IOMA habría sido utilizado como una suerte de “gerenciadora industrial de sobreprecios”. Las coimas, dicen, irían de 14 a 20 % en épocas electorales. También se cuestiona la falta de auditorías para las compras, y controles a las internaciones domiciliarias y las demás prestaciones. Por eso, el gremio denunciante habla de “complicidades políticas”, que apuntan directamente hacia el entorno del ex gobernador, Daniel Scioli.
Las otras dos líneas de la denuncia están vinculadas a supuestos actos de corrupción en los mecanismos de compra de drogas especiales y de prótesis. Según la denuncia, se registraron sobreprecios de hasta 700% en pesos, y hasta 200% en dólares. Incluso, se habrían alterado los informes del estado contable y financiero para beneficiar los intereses de empresas privadas y que sean abonadas con el presupuesto de este año.
Idelmar Seillant presentó la denuncia, que contiene unos 30 documentos.
La denuncia apunta hacia dos gremios que han sido cercanos al sciolismo y el kirchnerismo: UPCN y Suteba, que cuentan con vocales en el directorio del IOMA. Sin embargo, desde ambos sindicatos negaron estar vinculados a actos de corrupción. Cuando María Eugenia Vidal asumió como gobernadora, se realizaron una serie de denuncias sobre la situación de la obra social. En total, estiman que hubo una deuda de 2.600 millones de pesos en aportes previsionales, y de otros 1.500 millones de pesos de deudas a proveedores.
